Agencia española multa a Google con 900 mil euros

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Madrid, 19 dic (PL) La Agencia Española de Protección de Datos impuso hoy a Google multas de 900 mil euros por vulnerar los derechos de los ciudadanos pues evita dar información sobre qué datos recoge y cual será su uso.

Un comunicado de la institución enviada a los medios de prensa indica que se detectaron tres infracciones graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos con sanción establecida de 300 mil euros por cada una de ellas.

La comunicación precisa que Google combina los informes obtenidos a través de distintos servicios, los conserva durante un tiempo indefinido y obstaculiza el ejercicio de los derechos ARCO (de acceso, rectificación, cancelación y oposición).

Estos derechos contemplados en la Ley Orgánica de Protección de Datos garantizan el control por personas físicas de sus datos personales.

La acción es parte de la actuación coordinada iniciada junto con Alemania, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido tras la falta de reacción de Google a los requerimientos previos, precisa la nota.

La agencia española constató que esa empresa de Internet recoge y trata ilegítimamente información personal, tanto de usuarios dados de alta en sus servicios como de los no autenticados que acceden a páginas.

“No se informa con claridad a los usuarios de Gmail que se realiza un filtrado del contenido del correo”, puntualiza el comunicado y recueda que en marzo de 2012 Google modificó la política de privacidad y las condiciones de uso de la mayoría de sus servicios.

Ese cambio, según el informe, posibilitó crear un modelo de tratamiento de datos basado en la transversalidad y generó un uso de los datos personales que excede ampliamente las expectativas que un usuario podría esperar.

El Grupo de Autoridades Europeas de Protección de Datos acordó entonces iniciar una investigación conjunta y constató la incompatibilidad de la nueva política de privacidad con la legislación europea.

En octubre de 2012 las Autoridades de la Unión Europea hicieron a Google recomendaciones para cumplir con el derecho europeo, pero ante la falta de reacción acordaron iniciar acciones coercitivas para garantizar la protección de datos.

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