El Cairo (PL) En realidad la tormenta comenzó a formarse en noviembre del año pasado, cuando el presidente islamista egipcio, Mohamed Morsi, promulgó una decisión que le otorgaba poderes omnímodos.
Fue una jugada riesgosa en un contexto desfavorable por la cercanía de los acontecimientos que obligaron a renunciar a su antecesor, Hosni Mubarak y los resultados no se hicieron esperar: cohesión de fuerzas dispares del espectro político y la beligerancia abierta del sector más dinámico de la sociedad egipcia, los jóvenes.
A partir de ese momento estalló un ciclo de violencia social que no dio respiro al mandatario y a la Hermandad Musulmana (HM, islamistas), la agrupación que lo llevó a la primera magistratura en los comicios de mayo-junio de 2012.
Radicalización basada en un exceso de confianza en la fortaleza de la HM y agrupaciones aliadas, así como en la aprobación de una Constitución impugnada por los sectores laicos, fueron los rasgos sobresalientes de la acción del gobierno de Morsi a partir de ese momento, con resultados catastróficos.
El mandatario, cuya austeridad y trayectoria le habían concedido un margen de confianza entre la mayoría silenciosa, comenzó a sentir los efectos de una resistencia cada vez más activa, tanto entre la población como en el aparato del Estado y los sectores empresariales, fuerzas a tener en cuenta en este país.
Los acontecimientos posteriores ya son historia: la HM, con más de ocho décadas de vida, casi todas en condiciones de clandestinidad, experimentó demasiado temprano los efectos de la erosión causada por el ejercicio del gobierno en una marcha cuesta abajo que a mediados de año se demostraría imparable.
Volvieron las protestas en las calles, cada vez con mayor encono, a las que siguieron ataques contra sedes de la HM y de su Partido Libertad y Justicia, junto a una resistencia que en la práctica paralizó la vida del país y tuvo un especial impacto en el turismo, una de las principales fuentes de ingresos en divisas fuertes.
Cumplido el primer trimestre de la defenestración del presidente Mohamed Morsi, el pasado 3 de julio, el panorama político egipcio se caracterizaba por la dinámica de las autoridades interinas y la resistencia de la HM.
Golpe de Estado, cumplimiento de un mandato popular y cuantas descripciones admita el hecho, lo cierto es que las autoridades provisionales han acopiado legalidad, como demuestra el retorno a esta capital de varios embajadores llamados a consulta tras la destitución del mandatario islamista.
El caso más significativo es el del representante de Túnez, Mahmoud Khmer, quien retomó su cargo a pesar de que El Cairo llamó a consultas a su embajador después que el presidente del país del Magreb, Moncef Marzouki, demandó en la ONU la reposición de Morsi en la primera magistratura.
Túnez fue, junto a Catar y Turquía, uno de los primeros países en condenar la destitución de Morsi por los militares a principios de julio pasado, a todas luces debido a los lazos que unen a los partidos en el Gobierno con la HM egipcia, de cuya dirección el derrocado mandatario era un miembro prominente.
Morsi renunció a su cargo en la cofradía poco antes de asumir la presidencia el 30 de junio de 2012 como prueba de que se proponía ser «el presidente de todos los egipcios», sus opositores lo acusaron de haber faltado a ese compromiso y de seguir las ordenes del Guía Supremo Mohamed Badie, ahora sometido a juicio por incitación a la violencia y al asesinato de opositores en los disturbios de fines de junio pasado.
Durante los nueve meses de protestas callejeras que antecedieron a la caída de Morsi, la consigna principal de sus opositores era «Yaskot, yaskot jokm morshet» (Abajo con el Gobierno del Guía, en árabe), una acusación a la que el mandatario dio pie con decisiones urticantes para los sectores laicos de la sociedad.
Desde los acontecimientos de fines de junio, mucho se ha hablado de las circunstancias que pusieron en crisis al mandatario, un profesor universitario de vida inmaculada, notorio por su austeridad y religiosidad, ajeno a la corrupción de políticos comprometidos con el Gobierno del derrocado ex presidente Hosni Mubarak.
Esos factores favorables fueron eclipsados a medida que el presidente emprendió un giro hacia lo llamado por sus detractores marcada intención islamizante del país, una sombra que planeó sobre la candidatura de la HM en las elecciones presidenciales del año pasado.
Morsi y la HM fueron capaces de acallar esas versiones, hasta el punto que varias entidades laicas se le sumaron de manera pública en un acto realizado en el hotel Fairmont, próximo a las riberas del Nilo en esta capital, pocos días antes de los comicios.
Con el paso de los días, las críticas de las agrupaciones y los sectores izquierdistas y laicos egipcios a las decisiones del mandatario se hicieron más patentes, hasta desembocar en las multitudinarias protestas que propiciaron la destitución del mandatario por las Fuerzas Armadas el 30 de junio, al año justo de haber iniciado su mandato.
El signo más patente de la actual crisis egipcia tomó cuerpo con la dispersión de dos campos de protesta pro Morsi, uno en el distrito de Ciudad Nasser, en esta capital y el otro en las proximidades de la Universidad de El Cairo, en la adyacente provincia sureña de Giza, durante las cuales murieron más de 600 personas y un número muy superior resultaron heridas.
Establecido el gabinete interino, sus miembros, y los mandos del Ejército y el Ministerio del Interior han encontrado una férrea resistencia por la HM, estimados en unos tres millones de los casi 90 millones de habitantes que componen la población de este milenario país.
Apenas pasa un día sin que se reporten choques entre manifestantes islamistas y sus enemigos jurados, algunos causantes de víctimas mortales, como las dos registradas por batallas callejeras en universidades del norte del país y en la de Al Azhar, donde a principios de diciembre otro alumno perdió la vida en un choque con agentes antidisturbios.
A pesar de la palpable tensión, el Gobierno provisional gestiona su aceptación, tanto en el contexto regional como en el mundial, un frente en el cual ha registrado éxitos, como la equidistancia del conflicto adoptada por otros estados que condenaron la sustitución de Morsi.
En ese frente el gabinete transicional cuenta con el apoyo del reino de Arabia Saudita, cuya influencia regional es innegable, de Kuwait y los Emiratos Arabes Unidos, tres países que han prometido fondos de hasta 12 mil millones de dólares para equilibrar la economía egipcia, parte de los cuales, siete mil 500 millones, ya están en las arcas del Banco Central.
Asimismo hay una reacción favorable en la Bolsa de Valores en El Cairo, que, salvo breves paréntesis, registra índices al alza, mientras un comité ad hoc culminó la redacción de las reformas de la Constitución, cuya promulgación tras referendo popular debe dar paso a comicios legislativos primero y presidenciales después.
Pero en el mundo de las calles de los distritos pobres de esta capital y las zonas del sur profundo, donde la HM prestó durante años una vasta asistencia social, persiste la fidelidad a los postulados islamistas, considerados los únicos capaces de sacar a Egipto del estancamiento y el subdesarrollo.
El enfrentamiento de ambos universos es raigal, ninguna de las partes cede en sus posturas, como evidencian los magros resultados del intento de mediación de la jefa de Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, que ha realizado tres visitas a esta capital desde julio pasado sin obtener resultados tangibles.
Ataques contra el Ejército en la península de Sinaí, atentados, incluido uno fallido en esta capital contra el ministro del Interior Mohamed Ibrahim y la explosión de artefactos explosivos artesanales, indican que los seguidores de la HM utilizarán todos los métodos a su alcance para desestabilizar a las autoridades, lo cual lleva a pronosticar un inicio de año caliente a pesar de la ola gélida que azotó al país en diciembre.