Tegucigalpa, 22 dic (PL) La jueza Wendy Caballero, de la norteña ciudad hondureña de San Pedro Sula, fue remitida hoy a esta capital para ser internada en la cárcel de mujeres de Támara, por vínculos con el narcotráfico.
Según informaron autoridades judiciales Caballero fue arrestada en la noche del sábado en el aeropuerto sanpredrano cuando retornaba al país procedente de Estados Unidos, y una audiencia le dictó detención judicial.
A la funcionaria judicial se le acusa de otorgar injustificadamente arresto domiciliario al narcotraficante Alexander Montes, también recapturado en la noche del sábado en la colonia Planeta de La Lima, norteño departamento de Cortés.
A Montes se le incautó droga y varias propiedades y vehículos y guardaba prisión en el centro penal sampedrano, pero la jueza Caballero le otorgó arresto domiciliario sin que mediaran causas de peso para ello.
Junto a Montes fue detenida su apoderada legal, la abogada Fanny Aguilar, a quien remitieron a una unidad militar y luego trasladaron a una clínica pues recientemente fue sometida a una intervención quirúrgica.
Los tribunales también emitieron otras órdenes de captura contra dos escribanos y otro abogado defensor de Montes, que aparecen implicados en este proceso.
Desde el 18 de noviembre fue suspendida en Trujillo, departamento de Colón, otra jueza, Mariela Fonseca, por excarcelar al narcotraficante Alex Adán Montes, del Cartel del Atlántico, vinculado a la muerte de dos policías.
El 4 de diciembre Fonseca fue detenida en esta capital por la Policía Militar, después de ser acusada por el Ministerio Público de cometer los delitos de abuso de autoridad y prevaricato en perjuicio de la administración pública.
Por retardos en la administración de la justicia, violentar el ordenamiento jurídico e incumplir orientaciones de tribunales superiores, otros siete jueces fueron suspendidos el 11 de diciembre último.
Esa medida siguió a otra similar adoptada el 3 de diciembre cuando el Consejo de la Judicatura suspendió a cinco jueces del sistema de justicia, mientras los sometía a audiencias por supuestas irregularidades.
Según informes de la Inspectoría de Tribunales sobre esta depuración, existen méritos suficientes para suspender a estos magistrados por las irregularidades cometidas en la administración de justicia.
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, adelantó recientemente que se adoptarían resoluciones históricas al revisar 91 expedientes sobre presuntas irregularidades cometidas por empleados del sector.