México, 22 dic (PL) El conservador Partido Acción Nacional (PAN) impulsa hoy una iniciativa de reforma para prohibir al sistema de salud capitalino practicar un aborto a cualquier embarazada que viva fuera de la Ciudad de México.
La propuesta fue presentada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el diputado Orlando Anaya, bajo el argumento de evitar que la capital se convierta en la localidad del turismo médico del aborto.
De ese modo, la iniciativa pone como requisito a las mujeres embarazadas contar con una residencia efectiva de tres años, al día de presentar su solicitud, si es originaria del DF, o de cinco años ininterrumpidos para las nacidas en otra entidad.
Según el parlamentario, aproximadamente cuatro féminas procedentes de diferentes estados llegan diariamente a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo, pues solo aquí pueden realizarlo sin que sean sancionadas o enviadas a la cárcel.
Anaya señaló que el gobierno local gasta de 55 a 85 millones de pesos -de cuatro millones 244 mil a seis millones 550 mil dólares- anuales para atender abortos de mujeres que no viven en la capital del país, en lugar de usar ese dinero para asistencia social.
Si el aborto no es legal en Baja California, Oaxaca, Chiapas o en cualquier otro estado, tiene su razón de ser, cuentan con un Congreso para legislar sobre eso, y si es permitido en el DF no es un argumento suficiente para que crezca el número de mujeres que se lo practiquen, apuntó.
Ante la propuesta del legislador panista, Oriana López, coordinadora del Fondo Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento (Maria) consideró que la iniciativa está muy mal.
El costo de un aborto en una clínica del Gobierno es menos de lo que el diputado asegura, y aunque estuviera correcto el cálculo, es una injusticia negarle a alguien un servicio de salud por no ser del lugar, expresó.
Con la aportación de cerca de 250 mil pesos cada año -19 mil 293 dólares-, el Fondo María, creado en 2009, ayuda a 400 mujeres de todas las entidades a pagar los gastos de viaje al DF para interrumpir su embarazo.
Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, informó que de 2007 a 2012, 151 mujeres en el país enfrentaron un proceso penal por abortar y 127 fueron sentenciadas y enviadas a prisión.
La capital reportó un total de 29 mil 396 prácticas médicas de ese tipo de 2010 a 2012, de los cuales un 16 por ciento -cuatro mil 703- correspondieron a féminas provenientes de otros estados.