Tegucigalpa, 23 dic (PL) En medio de la incertidumbre económica y la violencia, los hondureños disfrutan hoy de sus vacaciones navideñas y en esta capital están abarrotadas las terminales de ómnibus para viajar al interior del país.
Se calcula que unas 350 mil personas (el 25 por ciento de los capitalinos) abandonen el distrito central en las próximas horas, confirmó la Gerencia de Turismo de la Alcaldía al sitio digital elheraldo.hn.
Las autoridades insisten en las regulaciones técnicas exigidas a los vehículos antes de tomar carretera para evitar accidentes, mientras en los mercados se violan disposiciones municipales al vender artefactos con pólvora.
Los comerciantes ocultan ese producto en puestos de frutas, verduras y ropa, pese a que la alcaldía anunció operativos para evitar que los niños tengan accidentes con explosivos, reportó dicho sitio digital.
Los vacacionistas tampoco olvidan que viven en el país más violento del continente, donde ocurren un promedio de 20 homicidios diarios, y los medios destacan este lunes dos de los 15 asesinatos ocurridos el domingo en el país.
La primera víctima fue la estadounidense Nadinya Dye, presuntamente apuñaleada por su pareja sentimental, mientras el otro finado fue el emigrado nicaragüense Alberto José Midence, abatido a tiros frente a unas oficinas.
Otra preocupación de la población es la relativa al futuro de sus economías, después que el Congreso decretara el viernes un nuevo paquete fiscal que aumenta de 12 a 15 por ciento el Impuesto Sobre Ventas e incrementa el precio de la gasolina en 27 centavos, pasando a costar 4,86 dólares el galón.
Incluye además gravar las llamadas de la telefonía móvil y eliminar beneficios fiscales disfrutados por algunos empresarios y una reducción de los alimentos exonerados del pago de impuesto, lo que encarecerá la canasta básica.
La decisión de las autoridades desvaneció un reciente incremento del salario mínimo o de subsistencia alcanzado entre sindicatos y empresarios.
El Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras consideró que esas medidas deprimirán más la economía y provocarán una caída aún mayor de la calidad de vida en un país donde el 71 por ciento de la población es pobre.