El Estado debe garantizar a todos los mexicanos el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, afirmó la senadora Lisbeth Hernández Lecona al presentar, a nombre propio y de compañeras de bancada, la iniciativa con la que se adiciona un capítulo a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El derecho a la alimentación es reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional: el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, lo prevé en el contexto de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, señaló la legisladora priista.
Agregó que, en su artículo 11, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 lo establece como “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”. Todos los seres humanos -agregó- independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión u otra condición tienen derecho a la alimentación adecuada y a vivir libres de hambre.
En México, confirmó la legisladora, el derecho a la alimentación está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como una garantía fundamental.
Manifestó que dicha garantía es una norma incluyente: no es simplemente un derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos.
“Es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos, en especial niñas, niños y adolescentes, debido a que los niños son especialmente vulnerables a la falta de alimentación adecuada, por cuanto necesitan alimentos nutritivos y sanos para crecer física y mentalmente”, apuntó.
Refirió, además, que alrededor de la mitad de las muertes de niños menores de cinco años de edad son consecuencia de la desnutrición.
Hoy en día, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no establece dentro de su catálogo de derechos el derecho a la alimentación adecuada para la población infantil y adolescente, por lo que resulta necesaria la adecuación de este precepto general, sostuvo Hernández Lecona.
El proyecto busca que el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, consagrado en el tercer párrafo del artículo 4º de la Carta Magna, sea reconocido en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como un derecho fundamental para la población infantil y adolescente de nuestro país.
Asimismo, la propuesta plantea impulsar un marco de protección que asegure la plena incorporación del derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera para su análisis.