París, 28 dic (PL) Una ley para la transparencia en la esfera pública entró en vigor en Francia hoy, nueve meses después del escándalo de corrupción en el que se vio envuelto el exministro de Presupuesto, Jerome Cahuzac.
El decreto obliga a los miembros del gobierno, funcionarios electos y dirigentes de grandes empresas a hacer una declaración de su patrimonio.
Unas ocho mil personas estarán obligadas a informar sobre sus bienes, desde los miembros del gabinete y los parlamentarios, hasta los alcaldes, presidentes de departamentos y de regiones y responsables de corporaciones.
Entre las medidas adoptadas figura la creación de una alta autoridad de la transparencia de la vida pública, encargada de recibir y controlar las declaraciones de intereses y patrimonio.
La normativa fija hasta cinco años de cárcel y elevadas multas en caso de falsificación de datos.
Aunque al principio el proyecto contemplaba también publicar el patrimonio en el boletín oficial, finalmente los diputados desestimaron esta obligación.
Con la nueva ley el gobierno francés busca evitar escándalos como el protagonizado por el extitular de Presupuesto, quien debió renunciar a su cargo a principios de año y admitir que poseía una cuenta secreta en Suiza por 600 mil euros, la cual traspasó luego a Singapur.
Durante varios meses Cahuzac negó las denuncias de la revista Mediapart sobre la existencia del depósito, pero al final tuvo que dimitir cuando la fiscalía inició una investigación en su contra.