París (PL) La captura de una adolescente gitana durante una excursión escolar y su deportación a Kosovo provocó este año en Francia una fuerte tormenta política y llevó a primer plano el drama de la población romaní, como se le conoce en Europa. El pasado 9 de octubre autoridades de la localidad de Levier, cercana a Suiza, junto a la policía de fronteras ordenaron a una profesora parar el autobús donde viajaban niños de la escuela André Malraux y detuvieron a Leonarda Dibrani, de 15 años. La menor fue expulsada ese mismo día a Kosovo junto a su madre y sus cinco hermanos, a pesar de que estaban integrados a la sociedad y hablaban perfectamente el francés, uno de los requisitos de la nueva normativa del gobierno para autorizar la permanencia de migrantes en el territorio. Aunque no se trata de un caso aislado, el hecho del arresto de la adolescente en un entorno escolar, delante de sus compañeros y profesores, levantó una oleada de críticas en todo el país, incluso dentro del gubernamental Partido Socialista (PS). Si bien es cierto que existen las leyes, también hay valores republicanos cuya transgresión vulnera el espíritu del partido, dijo en aquella ocasión Claude Bartolone, presidente de la Asamblea Nacional y miembro prominente del PS. La expulsión de Leonarda llevó a decenas de miles de alumnos de liceos a salir a las calles para protestar contra la deportación de los estudiantes extranjeros del país. En París una veintena de institutos se sumaron a las manifestaciones, extendidas también a barrios periféricos y ciudades como La Rochelle, Lyon y Marsella. Las protestas y críticas de representantes de todo el espectro político francés llevaron al presidente François Hollande a autorizar el retorno de la niña, aunque sin su familia, lo cual lejos de aplacar la polémica, la incrementó. «Separar a una menor de sus padres constituye una violación de la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, de la cual Francia es signataria», advirtió en aquella oportunidad Olivier Dartigolles, portavoz del Partido Comunista Francés. Durante varios días el caso de Leonarda ocupó las planas de los principales diarios y llevó de nuevo a la palestra la situación que enfrentan los gitanos en Europa. Los también llamados romaníes o zíngaros constituyen la minoría étnica más grande del continente, con unos 10 millones de integrantes. A pesar de ser ciudadanos europeos, sufren discriminación en todos los aspectos de la vida, desde el acceso a la vivienda, el trabajo y la educación, y no disfrutan de las mismas libertades de circulación y establecimiento otorgadas en el llamado espacio Schengen. Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, sólo en la primera mitad de 2013 fueron desalojados de campamentos improvisados más de 10 mil miembros de esa etnia en Francia. Casi al inicio de su mandato, el actual gobierno emitió una circular dirigida a fomentar el realojamiento de estas familias, sin embargo, la normativa se ha aplicado en muy pocos casos y la reubicación apenas dura dos o tres días, afirmó Philippe Goossens, de la Asociación Europea por la Defensa de los Derechos Humanos. Goossens opina que las autoridades actuales siguen una política intolerante hacia esta comunidad, muy parecida a la llevada a cabo por el gobierno anterior, presidido por Nicolás Sarkozy. El 24 de septiembre, apenas unos días antes de la deportación de Leonarda, el ministro del Interior, Manuel Valls, generó una gran polémica al afirmar que la mayoría de los gitanos no desean integrarse a la sociedad francesa porque su modo de vida «es muy diferente al nuestro». Según el funcionario, la única solución es la destrucción sistemática de sus campamentos y la conducción de sus ocupantes hacia las fronteras. El discurso contra los roms y las expresiones racistas se incrementaron a la par que se acercan las elecciones municipales y las del Parlamento Europeo el año entrante. Muchos analistas vinculan estas manifestaciones al intento de algunos políticos de ganar apoyo de los electores del ultraderechista Frente Nacional, agrupación que registra un notable auge durante los últimos meses con su retórica contra los migrantes, a quienes responsabilizan de los males sociales. «Si no me equivoco, hay aire de elecciones en Francia», ironizó la Comisaria Europea de Justicia, Viviane Reding, y añadió que cada vez que se quiere evadir temas como el presupuesto o la deuda, se habla de los gitanos. Las expresiones de odio de algunos funcionarios electos contra los roms durante 2013 fueron numerosas. En diciembre el alcalde de la conservadora Unión por un Movimiento Popular en la comuna de Roquebrune-sur-Argens, Luc Jousse, deploró en un acto público que los equipos de socorro hayan acudido rápidamente a apagar un fuego en un campamento de gitanos. El caso más alarmante, sin embargo, fue el del jefe edil de la comuna de Cholet, Gilles Bourdouleix, perteneciente al partido Unión de Demócratas e Independientes, quien durante una disputa con los ocupantes de un campamento, afirmó que «tal vez Hitler no mató a suficientes roms». El holocausto gitano es poco estudiado y se desconoce el número exacto de víctimas, pero especialistas señalan que esa población quedó reducida a menos de la mitad al final de la II Guerra Mundial. En 2013 el Parlamento Europeo demandó a los 28 países del bloque desarrollar una estrategia global para luchar contra todos los delitos racistas y xenófobos, entre ellos los actos antisemitas, la homofobia, la intolerancia religiosa y las manifestaciones contra los gitanos. El texto también reclama medidas para garantizar la integración de las poblaciones roms y el cumplimiento de sus derechos, algo que está muy lejos de alcanzarse. A poco más de dos meses de la deportación de Leonarda y su familia el tema desapareció casi por completo de las páginas de los periódicos, aunque figura en la lista de eventos que marcaron el año.
Expulsión de Leonarda Dibrani conmocionó a Francia en 2013
