30 dic (PL) El gobierno del estado mexicano de Michoacán confirmó hoy la expansión de los grupos de autodefensa a otras zonas de la entidad, al informar sobre su presencia en la comunidad de Poturo y el municipio de Churumuco.
A través de un comunicado, la administración estatal refirió que, de acuerdo con informes, se trata en su mayoría de personas de otras localidades que arribaron e implementaron barricadas en las carreteras.
De ese modo, las autoridades descartaron que se trate del surgimiento de nuevas agrupaciones de civiles armados.
Churumuco es uno de los lugares del estado con menor índice delictivo, y se buscan los mecanismos de salida de esta situación, siempre dentro de los cauces legales y con la menor confrontación social para encontrar soluciones duraderas e integrales, señaló el texto.
El alcalde de la ciudad, Gildardo Barrera, afirmó a la prensa que los grupos comunitarios llegaron a la plaza principal alrededor de las 09:30 hora local de este domingo, lanzaron un mensaje a la población y comenzaron a instalar barricadas en los accesos a los municipios.
Reveló que el líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, se reunió con él y le explicó que el plan de los civiles armados era proteger a los pobladores de robos, extorsiones y otros delitos.
El 19 de diciembre pasado, las autodefensas tomaron La Huacana y previamente asumieron el control de Tancítaro, Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla, en la zona de la Tierra Caliente michoacana.
De acuerdo con información de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, en la entidad hay 12 movimientos denominados grupos de autodefensa o policías comunitarias, que han surgido en contra del cártel del narcotráfico conocido como Los Caballeros Templarios.
Esos colectivos han ido apareciendo de forma paulatina desde febrero pasado para enfrentarse a la agrupación del crimen organizado, a la que acusan del cobro de cuotas a comerciantes, empresarios, agricultores y transportistas, así como de abusos sexuales, secuestros y homicidios.
La Comisión Nacional de Derechos atribuyó ese fenómeno a una creciente violencia que los mandos de Gobierno no han podido resolver, y agregó que cada grupo surgido en determinado lugar es una derrota para las autoridades, al no ser capaces de imponer condiciones mínimas de seguridad.