Este miércoles se cumplen 20 años de la insurrección de indígenas del Ejército de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.
El funcionario dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto espera superar el estancamiento del diálogo que se ha prolongado desde hace 18 años con los zapatistas, por lo que la Secretaría de Gobernación presentará una nueva iniciativa de ley «de gran calado» que se ha preparado desde hace unos seis meses.
«Hemos trabajado tema por tema con un grupo de abogados y expertos, consolidando los temas de los sistemas normativos, la autonomía y libre determinación, tierras y territorios y recursos naturales; tenemos toda la estructura jurídica ya organizada y creemos que alrededor de febrero tendríamos la propuesta consolidada», indicó.
El EZLN se levantó en armas contra el Estado mexicano el 1 de enero de 1994 en varios municipios de Chiapas. Durante 12 días sostuvo choques con el Ejército, aunque posteriormente entró en un proceso de negociaciones en San Andrés Larraínzar (Chiapas) que se estancó a finales de 1996.
Martínez Veloz reconoció que actualmente no existe contacto alguno con el EZLN, pero confía en este proyecto unilateral para reactivar el diálogo y «reconstruir» hasta «niveles dignos» la confianza de los zapatistas en el gobierno.
Aseguró que este proyecto recupera los Acuerdos de San Andrés «mejorados con las aportaciones como la declaración del 2006 de la ONU sobre derechos indígenas y el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se establecen con claridad las definiciones que en 1996 eran tabú, como tierra, territorios, recursos naturales o la consulta indígena».
El comisionado, que participó activamente desde un principio en el proceso de diálogo con el EZLN, aseguró que 2014 será muy importante en materia de definiciones políticas con el fin de «reconstruir la relación con los zapatistas, debido a los avances en materia internacional en favor de los derechos de los pueblos indígenas».
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de México elevó a rango constitucional los tratados internacionales firmados por el país en ese sentido, entre estos la resolución para armonizar las leyes internas con esos acuerdos.
«Esta situación legal obligará al Estado mexicano a sentar las bases para una nueva iniciativa que permita retomar los acuerdos de San Andrés para diseñar nuevas políticas públicas que permitan la participación política de todas las comunidades», explicó Martínez Veloz.
Aunque en 2001 hubo una serie de reformas constitucionales, conocidas como la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, esta normativa no resolvió «los problemas de fondo de los pueblos indígenas».
Esas reformas, agregó el comisionado, no dieron resultado, y ello está a la vista, con alto niveles de pobreza del 53% en todo el país, mientras que en las comunidades indígenas llega hasta el 80%.
Además, los conflictos se han triplicado, sobre todo con la entrega de sus territorios a empresas mineras.
Martínez descartó que el EZLN vuelva a la violencia, pues aunque surgió como un grupo armado que le declaró la guerra al Estado mexicano, en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona los zapatistas ratificaron su decisión de transitar por la vía política.
«Nosotros formulamos desde 1995 la necesidad de impulsar un diálogo nacional en donde ellos serían uno de los actores para impulsar la reforma del Estado», explicó el comisionado.