Naciones Unidas, 3 ene (PL) El asesinato de civiles el año pasado por drones estadounidenses en Afganistán, Yemen, Somalia y Pakistán dejó en la palestra cuestiones como la amenaza a los derechos humanos y la necesidad de controlar el uso de los letales artefactos.
Denuncias, condenas y críticas acompañaron durante 2013 el empleo por el Pentágono de vehículos aéreos no tripulados con misiles, una práctica de la llamada guerra contra el terrorismo, desatada por Washington luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El tema ocupó espacios en la ONU, sobre todo en el trimestre final del año, y tuvo un momento clave el 18 de diciembre, cuando por primera vez la Asamblea General adoptó una resolución que refleja el claro rechazo de la comunidad internacional al bombardeo con drones a seres humanos inocentes.
Pakistán desarrolló una fuerte ofensiva diplomática que hizo posible la inclusión del asunto en una iniciativa de casi 30 párrafos relacionada con el contra-terrorismo.
Sin embargo, los avatares de la diplomacia impidieron menciones directas a la potencia bélica responsable de la muerte de cientos de civiles, en aras de la aprobación del documento.
La resolución que cuenta con un valor fundamentalmente moral -porque al provenir de la Asamblea no tiene carácter vinculante- convoca a utilizar los drones en sintonía con las leyes internacionales y el apego a principios como la distinción y la proporcionalidad.
Además insta a los países a buscar con urgencia acuerdos que respondan a la cuestión legal del uso de los vehículos aéreos no tripulados en operaciones anti-terroristas, y abre la oportunidad de investigar de forma independiente e imparcial los hechos con claros indicios de ruptura de la legislación y el derecho internacionales.
Apenas una semana antes de su adopción, artefactos del Pentágono asesinaron a 16 civiles en Yemen y causaron heridas a otros 10, quienes participaban en dos procesiones nupciales separadas y «fueron confundidos con miembros de Al-Qaeda».
El 26 de diciembre, los relatores especiales de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, Christof Heyns, y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, hicieron público su rechazo a estos hechos.
«Si los drones armados van a usarse, los estados deben adherirse para ello a las leyes humanitarias existentes», advirtió Heyns.
Para el experto, los gobiernos deberían hacer públicos sus criterios de selección de objetivos y actuar con transparencia.
Por su parte, Méndez demandó que cada caso de daños a civiles sea investigado, y se reporten los resultados de las pesquisas.
«Un ataque letal contra blancos ilegítimos es un acto cruel e inhumano, si resulta -como en estos casos- en el dolor físico y mental y el sufrimiento de seres humanos inocentes», sentenció.
También la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, llamó la atención sobre el empleo de los letales artefactos, cuando afirmó «Los drones pueden usarse para propósitos positivos, pero también son dotados de armas para el ataque remoto a individuos, sin que medien procesos legales».
Asimismo, el relator especial para Contraterrorismo y Derechos Humanos, Ben Emmerson, abordó en octubre y noviembre la cuestión de los asesinatos de civiles con vehículos aéreos no tripulados, sobre lo cual desarrolla investigaciones, a partir de la tesis de que se han provocado «cifras desproporcionadas de muertes civiles».
Emmerson solicitó la desclasificación a nivel internacional de datos relacionados con las bajas civiles causadas por los drones.
Pese a los reclamos y demandas, Estados Unidos insiste en la «necesidad» de utilizar los sofisticados equipos en su cruzada antiterrorista, argumentando que «son mínimos» los casos de inocentes masacrados por los mismos.
En mayo, el presidente Barack Obama defendió el programa de los drones, al que consideró «clave para la seguridad nacional».
Obama anunció entonces nuevos límites de empleo de esos equipos, que según fuentes llevaron a una reducción de los bombardeos en 2013, respecto a 2012.
Además de los temas humanitario y legal, en la palestra está el asunto de la soberanía de los estados.
El pasado 27 de septiembre, el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, advirtió ante la Asamblea General que los drones armados del Pentágono representan «una continua violación de la integridad territorial de su país».