Panamá, 3 ene (PL) El conflicto por la reclamación de mil 600 millones de dólares del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), entró en una fase crucial con la mediación de los gobiernos de España e Italia a instancias del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.
El mandatario convocó hoy a los embajadores de ambos países para tratar el caso que ya lo enfrentan en Madrid y Roma con las empresas Sacyr Vallehermoso, de España, e Impregilio, de Italia, que encabezan el consorcio formado además por la belga Jan de Nul y la panameña Cusa.
El GUPC dio un plazo hasta el 21 de este mes a la Autoridad del Canal (ACP) para que de respuesta positiva a su multimillonaria demanda pues de lo contrario suspenderán las obras.
La presión del GPUC es para sacar las negociaciones de contexto, pues estiman que si estas se salen de los controles de las tres instancias de arbitraje estipuladas en el contrato, le será más factible obtener mejores resultados, denuncia ACP.
Panamá se abroquela en su derecho de negociar dentro de los límites de lo establecido e insiste en que el tema principal no está en los mil 600 millones de dólares que reclama el consorcio, sino en demostrar que la demanda tiene sustento.
De demostrarse su validez la ACP está en disposición de pagar, ha repetido hasta la saciedad el administrador Jorge Luis Quijano quien dijo que es el equivalente al 50 por ciento de los tres mil 200 millones de dólares licitados, de los cuales ya han pagado al consorcio dos mil millones.
El GUPC mezcla diferentes aspectos del desarrollo de la obra, que podrían afectarla de forma acumulativa y hace difícil sustentar ese monto, explicó en una reunión con corresponsales extranjeros. No entendemos cómo llegaron a ese número, recalcó.
ACP supone que es el resultado de una primera reclamación de 585 millones de dólares adicionales que generó la demora del vaciado de concreto de las esclusas, y con los nuevos 900 millones más otras cosas llegarían a esa suma no sustentable, señaló.
Si bien existe una gran preocupación por esa actitud, la ACP está tranquila en cuanto al futuro de la obra pues cuenta con recursos financieros suficientes y el respaldo de la afianzadora para asumir la terminación del megaproyecto, pero espera no se llegue a ese extremo.
Quijano fue muy ilustrativo en la reunión al aclarar que los diferentes objetos de obras están muy avanzadas -72 por ciento en promedio- y que el de las esclusas lo está en un 65, y lo que resta, que son algunos dragados, no es problema para Panamá.
Bajo la actitud de ACP de admitir que en una obra de tal magnitud pueden surgir alteraciones en los costos previsto en los denominados escalamientos de gastos por motivos diversos como los climatológicos, se puede aún llegar a un punto de inflexión en la disputa y hacer reajustes financieros.
Así lo ha expresado Quijano, pero insiste en que todo lo que se plantee tiene que ser obligatoriamente demostrable y estar dentro del contrato. Esa es una precondición que ha encontrado el apoyo de todos los sectores de Panamá, incluida la oposición política.