Senador de EE.UU. prepara demanda contra Obama por espionaje de NSA

Washington, 4 ene (PL) Un senador republicano prepara hoy una demanda contra el gobierno del presidente Barack Obama por los programas intrusivos de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), envuelta en un escándalo mundial por sus actividades de espionaje.

El congresista Rand Paul dijo a la televisora Fox News que la iniciativa tiene como objetivo proteger la cuarta enmienda de la Constitución, la cual ampara el derecho a la privacidad y a no sufrir una invasión arbitraria.

Según el legislador, comenzó a recoger firmas desde hace seis meses y el fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, forma parte del equipo legal que interpondrá el recurso.

Urgió a todos los estadounidenses que tengan un teléfono móvil a unirse a la demanda para decirle al Gobierno que no acceda a los mensajes de correo electrónico y registros telefónicos sin permiso o sin una orden específica.

La NSA está en medio de una polémica global luego que documentos filtrados en junio pasado por su exanalista Edward Snowden confirmaron que Estados Unidos husmea en las comunicaciones telefónicas y digitales a nivel doméstico y también a gobernantes, empresas y ciudadanos de 35 países.

Esa agencia junto a otras 16 entidades de inteligencia, mil 271 organizaciones gubernamentales y mil 931 firmas privadas trabajan en la recolección de datos bajo el pretexto de combatir el terrorismo y cuidar la seguridad nacional del país norteño.

El escándalo puso en aprietos a la administración del presidente Barack Obama, quien intenta justificar sus acciones contra aliados como España, Alemania, México y Reino Unido.

A finales de 2013, dos jueces federales acusaron a la NSA de violar la Constitución con sus actividades, pero un tercero declaró legal sus operaciones.

Pero la Corte para el Control de Inteligencia autorizó ayer a la agencia a recopilar durante tres meses más los llamados «metadatos» de las compañías de teléfono, con lo cual suman 36 ocasiones en los últimos siete años en los que el tribunal avaló esas acciones por considerarlas legales.

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