A pesar de las medidas que ha tomado el Gobierno del Distrito Federal (GDF), para mantener los 318 mercados públicos, sitios tradicionales de la capital están cediendo ante la invasión de cadenas grandes y pierden a marchantes por no contar con recursos para renovarse, por lo que urge revisar las leyes.
La Diputada del PRI, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alejandra Barrios Richard, integrante de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, explica que ante el desarrollo propio de las colonias y la expansión de tiendas de conveniencia, los mercados públicos deben adaptarse a las necesidades de la zona en la que residen y aplicar medidas innovadoras que les permitan evolucionar.
Inquieta por el destino que les repara a los comerciantes de los mercados públicos de la Ciudad de México, en los cuales el tiempo de vida rebasa el medio siglo, y continúan siendo punto de encuentro entre marchantes y comerciantes, donde los usuarios encuentran toda una gama de productos y servicios, pedirá a sus homólogos de la ALDF, revisar a conciencia la forma de apoyar a estos ciudadanos.
Dijo que el daño en la infraestructura, la incapacidad de cobrar con terminales electrónicas padecen una competencia desleal frente a las grandes cadenas comerciales, que brindan horarios poco flexibles son factores que gradualmente van dejando a los mercados en el olvido.
La Diputada del PRI reconoció que de los 318 mercados públicos en la ciudad, que albergan a unos 75 mil locatarios, algunos están en riesgo por sus instalaciones dañadas.
“Una de las incertidumbres de los locatarios es que los mercados se deben recuperar como centros de abasto, que sea una alternativa importante para que la gente los visite y, sobretodo, que puedan hacer frente a los grandes centros comerciales”, dijo.
Las diferentes políticas neoliberales han dejado como resultado una violenta contracción del mercado interno que ha llevado a la quiebra a miles de pequeñas y medianas empresas.
Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Esta política ha tenido como resultados más graves la desarticulación de las cadenas productivas y de comercialización tradicionales, polarizando esta actividad económica entre un grupo de grandes empresas, principalmente trasnacionales, vinculadas a la economía mundial.
En la actualidad tienen una participación estimada de abasto de alimentos mayor del 52% y una gran masa de comerciantes al menudeo, agrupados en los 318 mercados públicos, concentraciones los tianguis y mercados sobre ruedas y un número no determinado de tiendas y misceláneas que compiten por el resto del mercado de abasto, en condiciones desventajosas.
Desde la ALDF es necesario impulsar y promover mejores leyes para regular, orientar y mejorar la operación de ciertas formas tradicionales de la economía popular-tianguis, mercados sobre ruedas, ferias locales, romerías.
El Distrito Federal, en materia de abasto, carece de un sistema alimentario debidamente organizado y sistematizado, con definición clara de funciones de los respectivos actores.