Panamá, 9 ene (PL) La sociedad civil panameña interpreta como un chantaje las exigencias de la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo al Estado para que desembolse mil millones de dólares en sobrecostos sin documentarlos fehacientemente.
Cuando parecía que el conflicto iba rumbo a solventarse por la comprensión mutua de crisis en el flujo de caja del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la aceptación de inyectar dinero para que la obra no se paralizara, las ambiciones del consorcio vuelven a dispararse.
La administración de la Autoridad del Canal (ACP) aceptó contribuir con un adelanto de 183 millones de dólares que, unidos a un aporte de otros 100 millones por el consorcio, permitiría que el trabajo en el tercer juego de esclusas no se suspendiera el 21 de enero como Sacyr ha amenazado.
Sin embargo, esta última subió la parada y pidió a la ACP 400 millones de adelanto mientras se resolvía la reclamación dentro de los mecanismos de solución de litigios del contrato, y aunque la administración lo rechazó, quedaba abierta la puerta para seguir la negociación.
Para sorpresa de todos, el propio dueño de la empresa italiana, Salini Impregilo, emitió un comunicado desde Roma en el que desborda la exigencia de sus socios de Sacyr y plantea un pago a la ACP de mil millones de dólares para terminar las obras, o un adelanto de 500 millones más los reclamos pendientes.
Además, da por concluida la negociación en las dos instancias internas del contrato, incluida la Junta de Resolución, si no se acepta la propuesta y el litigio pasaría a un tribunal internacional en Miami, tercer y último nivel de reclamo previsto.
Ambas propuestas han causado indignación en todo el ámbito nacional donde, sin excepción, han expresado el más decidido respaldo a la ACP y su contundente rechazo a las pretensiones de los constructores.
Al margen de la gran vorágine de especulaciones y críticas que la crisis ha generado, la sociedad civil rechaza la injerencia del presidente, Ricardo Martinelli, en el litigio aprovechando su rendición de cuentas en la Asamblea Nacional donde formuló señalamientos que implican serias consecuencias diplomáticas.
Partidos de oposición y organizaciones empresariales le han planteado a Martinelli sacar las manos de la ACP y no interferir en la competencia privativa de ese ente independiente, cuya actitud relacionan con el proceso electoral.
Ello da pie, alertan, para que el gobierno de Estados Unidos, basado en el neocolonialista Tratado de Neutralidad que lo hace co-garante de la seguridad canalera, meta la mano encuadrando la crisis a sus intereses geopolíticos.
El exministro de Relaciones Exteriores Jorge Eduardo Ritter alertó que haber sacado del Canal a la instancia diplomática este problema, que no está prevista en el contrato, socava la Autoridad del Canal, y el rol del presidente es apoyar la ACP, pero hasta allí, pues en vez de ayudar perjudica.
Jorge Quijano, administrador de la ACP, tiene planeada una reunión con los representantes de la empresa aseguradora Zurich American, que respalda la fianza que tiene y que alcanza 600 millones de dólares.
En caso de que el consorcio abandone los trabajos, la primera opción planteada es la intervención de la afianzadora la cual puede decidir continuar el proyecto con GUPC, buscar a otro contratista o reconocerle dinero a la ACP para que termine los trabajos.