México, 11 ene (PL) México mantiene hoy su exigencia a Estados Unidos para que cumpla una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y detenga la ejecución del nacional Édgar Tamayo, prevista para el 22 de enero próximo.
El embajador de la nación azteca en territorio norteamericano, Eduardo Medina, aseguró que su país ha hecho todas las acciones posibles para detener la pena de muerte de Tamayo, quien fue detenido el 31 de enero de 1994 por el asesinato de un policía en la ciudad estadounidense de Houston.
Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la embajada y nuestros abogados han hecho todas las gestiones a nuestro alcance para impedir que sea ejecutado como está previsto por resolución judicial, afirmó el funcionario, quien participó esta semana en la XXV Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México.
Exigimos que Estados Unidos asuma su obligación internacional aceptada libremente en función de la resolución de la CIJ, y no dejaremos de hacer ningún esfuerzo para que esto se cumpla, aseguró el diplomático en conferencia de prensa.
De acuerdo con la CIJ de La Haya, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena al no respetar el derecho de Tamayo a recibir asistencia consular.
La entidad resolvió en 2004 que esa irregularidad se había producido en los casos de 51 mexicanos condenados a muerte.
La CIJ ordenó revisar esos procesos y el gobierno estadounidense pidió respetar la resolución, pero el estado de Texas llevó el asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la nación, la cual resolvió a su favor.
Según el máximo tribunal estadounidense, la resolución de La Haya no era de cumplimiento obligatorio por no existir en Estados Unidos una legislación federal en ese sentido.
Medina manifestó que México ha estado trabajando de manera muy intensa junto con el Departamento de Estado norteamericano para que el Congreso de ese país apruebe la ley necesaria.
De llevarse a cabo la condena del mexicano el 22 de enero de 2014, constituiría el tercer caso de aplicación de la pena máxima contra un mexicano desde el fallo de la CIJ, después que José Ernesto Medellín y Humberto Leal fueran ejecutados en 2008 y 2011, respectivamente.