DICHO SEA DE PASO, EL PAÍS ES UN DESMADRE.

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Fernando Urbano Castillo Pacheco

Existió un filósofo Escita poco conocido, llamado Anacarsis, que dijo que: “Muchas veces las leyes son como las telarañas: los insectos pequeños quedan prendidos en ellas, los grandes las rompen”.

No cabe duda que nos encontramos en ese supuesto, ya que en este país, la ley no se aplica igual para todos y, en consecuencia, el Estado de Derecho es simplemente una utopía.

El gobierno del Presidente Peña Nieto, se ha olvidado de su deber de gobernar para todos y parece determinado a gobernar contra todos.

Gobierna contra todos, porque al pretender la aplicación parcial de la ley, genera una realidad política y social de la que nadie saldrá bien librado.

Y es que el gobierno de la República ya comenzó con el juego perverso en el que, o bien hace una interpretación parcial de las leyes, o peor aún, decide discrecionalmente a quien se le debe de aplicar.

En la semana recién concluida, se han dado una serie de sucesos que muestran la grave deficiencia en el ejercicio del poder, por parte de Enrique Peña Nieto y su equipo.

En una absurda interpretación de la ley, en particular de los artículos 69 y 69 bis del Código Fiscal de la Federación, el SAT público un listado de contribuyentes que tienen la calidad de ilocalizables. Ya le comentaba hace una semana de lo ridícula que resulta la publicación de la autoridad tributaria, al integrar en ella al Dr. Fausto Alazati, quien como Director de Televisión Educativa de la SEP, recibe un salario gubernamental y evidentemente se le puede localizar en su lugar de trabajo. Además de él, es absurdo que se diga que no se puede localizar, por ejemplo, a Susana Zabaleta, aún cuando frecuentemente aparece en la pantalla televisiva y participa en una obra teatral.

Si lo anterior parece ridículo, patético es que la misma autoridad se niegue a publicar una lista de créditos fiscales que han sido condonados o cancelados, a lo que le obliga también la ley fiscal, aduciendo que las condonaciones fueron hechas con anterioridad a la entrada en vigor de las nuevas disposiciones tributarias.

El argumento es absurdo y la defensa que se hace es ridícula. Los créditos fiscales de los deudores que se reportaron como ilocalizables, evidentemente fueron generados y dictaminados también, antes de la vigencia de estas disposiciones y, sin embargo, los nombres de los contribuyentes sí fueron publicados.

Se trata, claramente, de una estrategia gubernamental con el sello de la falta de transparencia que caracteriza a este gobierno.  No es un hecho desconocido que en el año 2013, se condonaron cientos de millones de pesos a diversos contribuyentes, muchos de ellos de los denominados “contribuyentes mayores”, lo que causo polémica por ser, algunos de ellos, empresas que apoyaron, discreta o abiertamente, las campañas del PRI en el 2012. La obligación de publicitar esta información, que fue parte de la llamada “Reforma Hacendaria”, en el mejor de los casos se está quedando en buenos deseos y en el peor, se puede convertir en un instrumento gubernamental más, para la presión y el terrorismo fiscal.

El nuevo PRI como el viejo PRI, es experto en torcer la ley y manejarla de acuerdo a sus intereses. De este gobierno y en este caso en particular, nada nos puede sorprender, pues como lo dijo Tácito “El poder conseguido por medios culpables, nunca se ha ejercitado con buenos propósitos”.

Si este trato desigual es grave, lo que sucede en cuestiones de seguridad es espeluznante.

El gobierno de la República, carece de una estrategia clara en materia de seguridad. El proyecto de la Gendarmería Nacional, uno de los principales compromisos de campaña de Peña Nieto, ha degenerado hasta lo que parece será un ente burocrático limitado, e insuficiente para atender la crisis de seguridad  que enfrenta el país. En los hechos, se está condenando a este proyecto a ser una fiera de garras postizas.

El gobierno federal, ha logrado que en la publicidad se diga lo que en los hechos no ha conseguido. El presidente, es un individuo que está cometiendo el grave error de confundir y fomentar la confusión, de deseos con realidades.

El secuestro, la extorsión y los homicidios se encuentran en niveles alarmantes, fruto de un desdén gubernamental en materia de seguridad. El horror de lo que sucede se pretende disfrazar con la belleza de lo que se dice.

Tenemos un gobierno que niega la realidad en el discurso y eso lo hace un gobierno de embusteros.  Tenemos un gobierno que no actúa ante la realidad y eso lo hace un gobierno de cobardes.

Los grupos de autodefensa han proliferado y aunque aparentemente son la respuesta social ante la incapacidad del gobierno para enfrentar al crimen organizado, parece que se materializó el riesgo de que esos grupos civiles se vieran infiltrados por grupos criminales. Y esto no es difícil de creer, porque no se entiende cómo pueden tener tanto armamento y que este sea tan pesado.

Lo más lamentable, es que la autoridad, en vez de investigar, combatir y sancionar a estos grupos ilegalmente armados, los solapa, los tolera e incluso, participa con ellos en operaciones conjuntas. ¡Menudo disparate! Y no solo lo hacen, sino que también lo publicitan.

Es triste y preocupante, porque nos muestra que Enrique Peña Nieto encabeza un gobierno de spots y no de resultados; un gobierno de frases y no de razones; un gobierno de ocurrencias y no de ideas.

Como lo comentaba René Delgado en su Sobreaviso mas reciente: si el gobierno  considera que no es indebido tolerar, apoyar o amparar a grupos armados extraoficiales, criminales o no, no resta entonces más que demandar e impulsar la justa distribución de fusiles.

No se entiende que el hombre que fundó y dirige un grupo armado en Michoacán, a los que llama autodefensas y que operan fuera de la ley, lo tengan protegido por fuerzas federales, en el lugar donde se atiende las heridas que le causó el accidente de la avioneta en que viajaba. Cualquier ciudadano en la condición del doctor Mireles, ya estaría en calidad de detenido.

En nuestro país, todos somos iguales ante la ley, pero no somos iguales ante quienes se encargan de aplicarla. Ese es el principal riesgo del Estado de Derecho, porque como decía Paul Auster “si la justicia existe, tiene que ser para todos, nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.

Michoacán es la muestra de que el poder público ha sido rebasado, su gobernador es un cadáver al que su cuerpo no le ha avisado que ya se murió, y el Presidente de la República, es un hombre timorato que no quiere o no puede intervenir en el estado.  Es necesario que el Senado intervenga y decrete la desaparición de poderes, pues, está claro que no hay autoridad que controle el conflicto.  Ni el gobernador, ni el presidente han podido o querido actuar, porque son el tipo de hombres que mandan, pero no gobiernan y eso hace su poder muy peligroso.

Es momento de que el gobierno de la República se conduzca de mejor manera, legisle menos y gobierne más. Que empiece a cumplir con su deber, que no es otro que el cumplimiento y la aplicación de la ley sin distingos. Su falta de acción ha permitido que, hoy por hoy, el país sea un desmadre.

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