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FARC-EP propone sustitución de usos ilícitos de cultivos de coca

farc-coca

La Habana, 14 ene (PL) La guerrilla de las FARC-EP propuso hoy aquí la implementación de un Programa para la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana en Colombia, que proteja al campesinado dedicado a tales actividades.

La iniciativa fue expuesta por Pablo Catatumbo, uno de los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) participantes en los diálogos de paz que desde hace 14 meses se realizan en La Habana con el Gobierno colombiano, para poner fin a un conflicto de más de medio siglo.

De acuerdo con la insurgencia, el programa prevé generar las condiciones materiales e inmateriales para el buen vivir de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman, que en la actualidad derivan su subsistencia precaria de cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana.

Con ello, se busca -según la guerrilla- superar las condiciones de pobreza y miseria de esas comunidades y de los núcleos familiares que las integran, que se han visto forzadas, por su situación socioeconómica, a la producción de hoja de coca, amapola y marihuana.

Para ello, el Programa tiene como objetivo promover la sustitución voluntaria de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, mediante el impulso de planes de desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas.

Tales planes alternativos estarían conformados por programas y proyectos específicos de inversión, elaborados por las propias comunidades, en cooperación con técnicos y expertos.

Igualmente, se propone la intervención directa del Estado para regular la producción y el mercado de la hoja de coca, la amapola y la marihuana, con base en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas y culturales, a definir en cada caso, así como de sus posibilidades artesanales e industriales.

De ese modo, se prevé la sustitución de usos ilícitos a través de regulaciones estatales sobre la producción y el mercado.

Por otra parte, el Programa en general deberá ser financiado en su totalidad por el Estado mediante un Fondo Nacional, que tomará además como fuentes de financiamiento los aportes de la comunidad internacional y recursos procedentes de incautaciones hechas a los narcotraficantes en Colombia y en el exterior.

Entre los puntos del Programa, se contempla también “la suspensión de las aspersiones aéreas con agentes químicos y de la erradicación forzada de cultivos y la revisión inmediata de la actual política criminal del Estado, centrada en la persecución, la estigmatización y la criminalización de los campesinos productores”.

Además se propuso la conformación de manera concertada de una “Veeduría internacional de seguimiento y control del Programa” en todos sus niveles, integrada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la Unión de Naciones Suramericanas y de la comunidad académica.

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