México, 20 ene (PL) La Cancillería mexicana luchará hasta el último momento para evitar la ejecución del connacional Edgar Tamayo en Estados Unidos, pues todavía existe la posibilidad de que una corte suspenda la condena, afirmó hoy un funcionario de ese organismo.
De acuerdo con Max Diener, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la nacion azteca, está pendiente un fallo de la corte de justicia del estado norteamericano de Texas a un recurso interpuesto por la defensa de Tamayo, que puede ser una diferencia real en el asunto.
Señaló también que el gobernador texano, Rick Perry, tiene la facultad de ordenar hasta el último segundo la cancelación de la sentencia, prevista para el próximo miércoles.
Al decir del funcionario, seguirán luchando y no cejarán en el esfuerzo de tratar de convencer a Perry a través de una estrategia de presión y diálogo para evitar la ejecución de Tamayo, quien fue detenido en 1994 por el asesinato de un policía en la ciudad de Houston.
El condenado forma parte del llamado Fallo Avena, mediante el cual la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió en 2004 que Estados Unidos está obligado a revisar y reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos que fueron sentenciados a la pena capital.
Según la CIJ con sede en La Haya, Países Bajos, principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, Washington violó el artículo 36 de la Convención de Viena al no respetar el derecho de los prisioneros a recibir asistencia y protección consular.
Diener recordó este lunes que después de la resolución de la entidad judicial, ya han sido ejecutados los mexicanos José Ernesto Medellín, en 2008, y Humberto Leal García, en 2011, ambos incluidos en el Fallo Avena.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Raúl Plascencia, reiteró la solicitud de clemencia para Tamayo y consideró que el gobernador de Texas tiene la obligación legal y humana de revisar y reconsiderar la pena capital.
Recientemente Plascencia envió una carta Perry y a la Junta de Perdones de Texas, en la que solicitó la suspensión de la condena decretada contra el connacional y que sea conmutada por una de prisión.
Insistió que la CNDH rechaza de manera absoluta la aplicación de la pena de muerte y refrendó su compromiso de continuar con los esfuerzos para proteger los derechos fundamentales de ciudadanos mexicanos ante los gobiernos extranjeros.
Después de que la CIJ ordenara revisar los casos del Fallo Avena, el Gobierno norteamericano pidió respetar la resolución, pero el estado de Texas llevó el asunto ante la Suprema Corte de Justicia del país, la cual resolvió a su favor.
Para el máximo tribunal de la nación norteña, la determinación de La Haya no era de cumplimiento obligatorio por no existir en Estados Unidos una legislación federal en ese sentido.