Madrid, 21 ene (PL) El conflicto del País Vasco se mueve hoy entre la política del gobierno español de mantener la presión hasta la disolución de ETA y conversaciones de autoridades regionales para negociar el desarme de la organización independentista.
Ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reiteró que mientras ETA exista su obligación es perseguirla, al tiempo que consideró repugnante y lamentable la presencia de miembros excarcelados de la organización en una reunión pública,
Asimismo confirmó versiones sobre la posibilidad de tomar medidas para impedir a exreclusos de ETA presentarse como candidatos en procesos electorales.
Casi simultáneamente fuentes del gobierno Vasco informaron que presentaron a los partidos agrupados en la sombrilla de la izquierda abertzale una iniciativa para el desarme definitivo de ETA y la consolidación de la paz.
Para ello propuso el reconocimiento del daño causado por la organización en sus acciones violentas, el desarme y la aceptación de los beneficios penitenciarios ordinarios ofrecidos a los presos con carácter individual.
Según la versión, el documento fue entregado el pasado octubre, posterior a lo cual expresos reunidos en la ciudad de Durango, encuentro al que aludió Rajoy, reconocieron el daño causado y aceptaron someterse a la justicia de forma individual.
En la reunión los exreclusos apoyaron la posición de miembros de la organización presos que aceptaron su responsabilidad en hechos violentos de forma individual, en lugar de pedir una solución global a todos los casos como era su posición anterior.
Esos anuncios fueron recibidos por una parte de la sociedad catalana como una puerta a la esperanza y por familiares de las víctimas y varios partidos como una humillación.
Posteriormente se realizó una operación contra un grupo acusado de ser la correa de transmisión entre ETA y sus presos que concluyó con la detención de ocho personas, dos de ellos abogados, y la ocupación de varios documentos.
Según filtraciones, entre los papeles decomisados se hallaba la propuesta del gobierno vasco a la izquierda abertzale, cuyo contenido fue confirmado ayer por fuentes gubernamentales a medios vascos de comunicación.