(ng) El juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, admitió este miércoles a revisión una queja por una presunta apropiación indebida en el fichaje de Neymar con el club Barcelona, ya que podría haber respondido a «una simulación contractual».
Ruz recibió los argumentos de la Fiscalía que afirman que de la documentación aportada por el club «se desprenden elementos suficientes» que apuntarían «a una simulación contractual presuntamente llevada a cabo entre los firmantes de los acuerdos» para el fichaje, cuyo monto contractual se cree que se ocultó a los socios.
En respuesta, el Barcelona informó que pedirá este jueves a la Audiencia Nacional que el juez Pablo Ruz se inhiba en la demanda presentada por el fichaje de Neymar y que el caso pase a un juzgado barcelonés, según un reporte de la agencia EFE.
El club español justifica la petición porque la querella se ha presentado en Barcelona y que por ello debe tratar del caso un juzgado de esa ciudad.
El juez considera que por el momento no es «de urgencia» llamar a declarar al presidente del Barcelona, Sandro Rosell, quien ha pedido públicamente al juez ser citado.
Ruz dijo que no será necesario hasta que se practiquen varias diligencias, entre ellas pedir a la FIFA la documentación del fichaje y al propio jugador el contrato que firmó con la sociedad N&N, propiedad de su padre, por el que le cedía sus derechos.
El club Santos de Brasil también se ve involucrado, pues el juez pidió el contrato de traspaso del jugador y acuerda pedir al Barcelona otros contratos que según la demanda sirvieron también para pagar el fichaje, en concreto unos por 7.9 millones de euros (10.6 mdd) por derechos de prueba de tres jugadores juveniles del Santos, y otros 9 millones (12.1 mdd) por dos partidos amistosos.
Finalmente, acuerda que una vez analizados los documentos pedidos se cite a declarar en calidad de peritos a los empleados de Deloitte que hicieron la auditoría de las cuentas del Barcelona.
El juez cree que es necesario investigar «las condiciones económicas» del fichaje de Neymar Silva Santos Junior para despejar si hubo «posibles irregularidades con relevancia jurídico-penal atribuibles al querellado o a terceras personas».
Ruz sospecha, al igual que el fiscal José Perals, que «la causa y la finalidad» de los contratos para fichar al brasileño pudieron ser diferentes.
Contratos de «garantía»
Una tesis del fiscal dice que hubo dos movimientos sospechosos, uno de ellos la firma en 2011 de un contrato ficticio de préstamo que en realidad era «una garantía» para el futuro fichaje de Neymar y otro la «mutación» de lo que era un acuerdo para su fichaje en una cláusula de penalización del mismo.
El primero es un contrato firmado en Brasil el 15 de noviembre de 2011 entre el Barcelona, Neymar y N&N (empresa de su padre que iba a adquirir sus derechos en 2014) por el que el club manifestaba su intención de contratar al jugador en 2014, cuando terminaran sus derechos con el Santos.
El Barcelona pactó abonar en ese momento a N&N 10 millones de euros (13.5 mdd) en virtud de un «contrato de préstamo» presuntamente simulado, que se trataba en realidad de una garantía para el futuro fichaje.
Y es que en el mismo contrato, en el que se acordó que el precio para adquirir a Neymar que tenía que pagar el Barcelona por «derechos federativos y económicos» era de 40 millones de euros (718.1 millones de pesos), se estableció una cláusula de penalización en caso de incumplimiento del contrato por importe de otros 40 millones.
Finalmente, el 3 de junio de 2013 Neymar, N&N y el Barcelona pactaron resolver ese contrato de adquisición porque el jugador se iba a incorporar antes de 2014 al club catalán, en virtud a un acuerdo de transferencia de derechos federativos del Santos que también se firmó por una cantidad que se desconoce.
En ese momento, el Barcelona reconoció que no había cumplido el contrato de 2011 porque el jugador se había incorporado antes al Barcelona y que tenía que abonar la cláusula de penalización de 40 millones a N&N y, en el mismo acto, se firmó el contrato de trabajo del jugador.
Según recoge el juez, en la documentación contable aportada por el Barcelona o bien no aparecen estos pagos o bien se apuntan por conceptos diferentes.
El querellante, el socio del club Jordi Cases, cree que el Barcelona pagó por el fichaje 40 millones de euros a la sociedad del padre de Neymar y 17.1 millones en concepto federativos al Santos, cantidades a las que añade los 7.9 millones por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos y 9 millones por dos partidos amistosos.