Washington, 23 ene (PL) La ejecución del mexicano Edgar Tamayo en Texas, aumentará las fricciones en la ya tensa y compleja relación entre Estados Unidos y México.
Tamayo, a quien según sus defensores no se le informó debidamente de sus derechos consulares, murió en la noche del miércoles tras recibir una inyección letal para convertirse en el décimo primer mexicano en recibir la pena capital en ese país desde 1926.
La aplicación de la pena ocurrió a pocas semanas del viaje que realizará el presidente Barack Obama para la Cumbre de Líderes de Norteamérica en Toluca, México, el próximo 19 de febrero, según informó el diario californiano La Opinión.
Ni la Corte Suprema de Estados Unidos ni el gobernador republicano de Texas, Rick Perry, impidieron la ejecución del reo, plantea el rotativo al citar a Maureen Meyer, experta en temas de México en la Oficina de Washington para América Latina.
Según Meyer esta acción pondrá a su país en una difícil posición cuando pida al gobierno mexicano que respete sus compromisos internacionales sobre derechos humanos, porque Washington no ha respetado el derecho internacional, indicó.
Este miércoles, el propio secretario de Estado, John Kerry, advirtió de las consecuencias a las relaciones bilaterales y del efecto que podría tener para estadounidenses que sean detenidos en el exterior.
El jefe de la diplomacia estadounidense hizo una apelación baldía al pedir retrasar la ejecución para revisar si la falta del acceso a ayuda consular influyó en el caso.
Por otra parte, Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, un centro de estudios políticos, estimó que este asunto será otra fuente de irritación en las relaciones entre los dos países, y no va a hacer más fáciles las discusiones de la cumbre del mes próximo.
Vaticinó que este hecho va a generar más desconfianza hacia Washington entre los mexicanos, y afectará todo el ambiente.
Según informes, el gobierno de México estimó que la ejecución de Tamayo viola el derecho internacional, por cuanto no fue informado de su opción a pedir asistencia legal en el consulado de México cuando fue arrestado.
Los abogados defensores del mexicano sostuvieron hasta último momento que la asistencia consular que no se prestó, habría sacado a la luz pruebas que refutan el cargo de homicidio de primer grado o que lo habrían alejado de la pena de muerte.