Otros 60 mexicanos esperan su ejecución en EU

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Los mexicanos conforman la mayoría de los extranjeros condenados a muerte en EU, muchos de ellos aún esperan su fecha de ejecución

Tras la ejecución de Édgar Tamayo este miércoles, otros 60 mexicanos aguardan en el corredor de la muerte de Estados Unidos. Se trata de la nacionalidad extranjera más numerosa condenada a la pena capital en el país norteamericano.

A México siguen: Cuba (10), Vietnam (9), El Salvador (8), Honduras (6) y Camboya (5), como los países de origen de más condenados a muerte, según datos publicados por Death Penalty Information Center, la organización con las estadísticas más completas sobre la pena de muerte con sede en Washington D.C. y que el 2 de julio de 2013 publicó su último reporte a través de Human Rights Research, una consultora independiente.

Ramiro Hernández es el siguiente mexicano que espera en el mismo pasillo en el que estuvo por más de cinco años Edgar Tamayo. La ejecución del originario de Tamaulipas está programada para el próximo 9 de abril, de acuerdo con los datos oficiales del Departamento de Justicia de Texas. Hernández fue detenido y sentenciado a cuatro años de prisión cuando tenía 30 años de edad, en 2000, por asesinar a Glen Lich, su jefe de 49 años y violar a su esposa, Lera Lich, en Kerville, Texas. Mientras estaba encarcelado, acuchilló a una celadora que lo trasladaba a otra celda. El ataque ocasionó la muerte de ella, razón por la que fue sentenciado a pena de muerte.

En 2001, la abogada Naomi E. Terr se sumó a la defensa del caso y viajó a Nuevo Laredo, en donde descubrió que Hernández había crecido en condiciones precarias, de acuerdo con un reporte de la escuela de leyes de la Universidad Cornell. “Hernández Llanas comenzó a ayudar a su familia a recoger basura cuando tenía cuatro años de edad. Dejó la escuela en tercer año. Ellos vivían en un lugar hecho de cáscaras de fruta y almacenaban el agua en los barriles de la estación de gas. La familia comía la comida que encontraba entre la basura y Hernández sufrió abuso severo”, señala el mismo reporte.

Luego de una investigación, la abogada se percató de que el mexicano tenía un severo retraso mental, que también fue el argumento usado en el caso Tamayo. En Estados Unidos existe una polémica sobre las ejecuciones contra personas con discapacidad mental, porque si bien la Corte Suprema prohibió ese tipo de sentencias, no hay un criterio único para definir cuándo se considerará que una persona padece esa condición, dijo Antonio Ginatta, representante de Human Rights Watch (HRW).

Desde 1976, ocho mexicanos han muerto en EU a causa de la pena de muerte. En 2004, el gobierno mexicano demandó al estadounidense ante la Corte Internacional de Justicia por violar los acuerdos de la Convención de Viena, en donde se establece que los países firmantes se compromenten a notificar al consulado apropiado cada vez que un extranjero sea procesado por algún delito.

El fallo, conocido como el caso Avena, establecía que EU debía revisar las condenas de más de 50 mexicanos enjuiciados sin haber tenido la debida asistencia consular. Dos mexicanos del caso Avena han sido ejecutados hasta la fecha —José Medellín en 2008 y Humberto Leal en 2011— y sus defensas trataron de frenar las condenas únicamente con el argumento de la falta de apoyo del consulado de México.

A pesar de que el gobierno federal dijo que detendría las ejecuciones, los gobiernos estatales de Estados Unidos rechazaron acatar el fallo del caso Avena argumentando que cada estado es soberano y no está obligado a seguir los tratados internacionales firmados por el presidente. El estado donde se ubican la mayor cantidad de mexicanos condenados a muerte es California y el segundo es Texas. Desde 1976, ocho mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos.

Las estadísticas oficiales federales clasifican a los condenados a muerte por raza; solo algunas administraciones estatales, como la de Texas, contemplan las cifras de hispanos que aguardan su ejecución e informan sobre su nacionalidad, por lo que los datos reportados provienen de abogados, centros post-sentencias, fiscales, artículos de periódicos, periodistas, consulados y guardias de seguridad de las prisiones, de acuerdo con el Death Penalty Information Center.

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