Gobierno puertorriqueño intenta sortear crisis económica

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San Juan, 24 ene (PL) El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico se halla hoy detrás de opciones que le permitan al país sortear la crisis económica que lo tiene al borde de la bancarrota.

El presidente de la junta de directores del BGF, David Chafey, admitió junto a la ministra de Hacienda, Melba Acosta, que el gobierno puertorriqueño se propone recurrir al mercado de bonos en los próximos días, posiblemente no más tarde de febrero, para fortalecer su situación económica.

Este paso, sin embargo, se encuentra amenazado por la posibilidad de una degradación del crédito de Puerto Rico, lo que encarecería su posibilidad de tomar prestado en el mercado de Estados Unidos.

Los bonistas de Wall Street tienen a la isla en salmuera desde hace meses, por lo que existe el temor latente de que en cualquier momento se produzca un colapso económico, a pesar de los esfuerzos que hace el gobernador Alejandro García por aumentar las recaudaciones fiscales mediante la imposición de gravámenes al consumo.

Acosta reconoció hoy a los periodistas esa posibilidad, aunque advirtió que el gobierno actuará con “responsabilidad” si se produce una situación de esa naturaleza.

Los esfuerzos del gobierno insular, aclararon ambos, están dirigidos a evitar a toda costa que el crédito de la isla, bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde hace 115 años, termine en la bancarrota, ante la insuficiencia fiscal.

La declaración de chatarra de los bonos del país, con una deuda acumulada con los bonistas de 70 mil millones de dólares, sumirá a la mayoría de los 3,7 millones de habitantes del país en la pobreza, incluyendo a los 36 mil maestros del sistema público de educación, cuyo sistema de jubilación se encuentra en precario.

Acosta reconoció en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC que el gobierno puertorriqueño debe articular otras medidas fiscales que permitan una recuperación económica, factor que cada vez parece más difícil ante el hecho de que no se quiere imponer un gravamen a las ganancias de las multinacionales que operan en el país.

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