México, 27 ene (PL) El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Martínez, manifestó que los conflictos existentes hoy en esas comunidades se agravaron con la entrega de concesiones a empresas mineras en los últimos 18 años.
Los expresidentes Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) entregaron 96 millones de hectáreas del país, correspondientes a la mitad del territorio nacional, a empresas mineras extranjeras y nacionales, advirtió el funcionario.
Sobre la base de un estudio de la minería en México elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Martínez expresó que en el sexenio de Zedillo se otorgó el mayor número de hectáreas -34 millones 531 mil-, a través de nueve mil 657 títulos de concesión y mil 843 de explotación.
Más del 70 por ciento de estas concesiones se entregaron a empresas mineras de Canadá, que fueron las principales beneficiadas en varios estados de la República, refirió el Comisionado, citado por el diario Milenio.
Hasta el pasado año el 74 por ciento del capital extranjero en la minería correspondía a Canadá, con 207 empresas; Estados Unidos tenía un 15 por ciento, con 43 compañías; China, un tres por ciento, con ocho firmas; y Australia y Japón, un dos por ciento, con seis y cinco empresas, respectivamente.
El periódico detalla que en 2013 estaban registrados en el país 857 proyectos de explotación y extracción, distribuidos en 16 estados, fundamentalmente Sonora, con 206, Chihuahua (120), Durango (97)), Sinaloa (85) y Zacatecas (66).
De acuerdo con el Comisionado, el principal problema es que estas empresas no ven como socios a los pueblos indígenas, sino como un estorbo, y explotan gravemente a los trabajadores y las zonas de asentamientos.
Un minero nacional gana en una jornada de ocho horas lo que gana en una hora el minero canadiense, es una explotación bárbara, denunció.
El informe indica que México ocupa el quinto lugar en la entrega de permisos y el primero respecto a su régimen fiscal libre de impuestos a nivel mundial, y se ve posicionado además por ser rápido y eficiente en la apertura de estos negocios, pues solo se necesitan de seis a nueve días para los trámites.
Ante el atropello a las comunidades indígenas, consideró Martínez, es necesario fortalecer la Ley Minera para que las firmas del ramo entreguen recursos a los poblados cercanos a las zonas de explotación.
Expresó que esa propuesta se considera dentro de la iniciativa de ley de derechos y cultura indígena, que recogerá los acuerdos de San Andrés e incorporará la nueva normativa nacional e internacional en la materia.
Según el funcionario, es necesario dignificar esta labor y sobre todo que los pueblos indígenas tengan beneficios de la extracción de minerales, porque en la mayoría de los casos las compañías dejan deshechas las zonas y hacen más difícil la vida para estas comunidades.