La Habana (PL) Ciertos pronunciamientos y leves modificaciones de posturas de legisladores en el Congreso de Estados Unidos hacen prever que la paralizada ley de reforma migratoria pudiera por fin concretarse este año o, al menos, avanzar en algunos aspectos.
La presencia de unos 11,5 millones indocumentados en la nación norteña ha sido un motivo al parecer insuficiente para que demócratas y republicanos solucionen tal anomalía, fijada como una de las metas sin concretar de la administración del presidente Barack Obama.
Los del llamado partido rojo han persistido en su negativa a considerar un proyecto aprobado en junio por el Senado, el cual contempla una vía para lograr la naturalización.
Dicho proyecto, sin embargo, impone varias restricciones y requisitos a unos cinco millones de personas que tendrían que esperar entre 10 y 12 años para recibir la llamada «tarjeta verde» de la ciudadanía.
Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, expresó su disposición a trabajar con la contraparte republicana y manifestó al presidente de ese hemiciclo, John Boehner, que tanto ella como sus correligionarios estarían abiertos a analizar una iniciativa, siempre y cuando «estemos en la ruta hacia una amplia reforma migratoria con una vía a la ciudadanía».
Familiarizados con el tema aducen que la declaración de la política significa un cambio en la postura de los del partido azul, quienes hasta hace poco solo eran partidarios de una discusión integral del tema y rechazaban un análisis por partes, como propuso Boehner.
Los republicanos insisten en tratar el tema de manera fragmentada y se oponen a medidas que ofrezcan una «amnistía» para quienes ingresaron ilegalmente al país.
El propio Boehner también ha modificado un tanto su postura, de una negativa total a discutir el tema el año pasado, a recabar el apoyo de 117 legisladores de su partido, la mayoría de sus 233 miembros en el hemiciclo, para iniciar una discusión.
El representante sí dejó en claro que no aceptará un proyecto similar al del Senado, algo que Obama aseguró estar dispuesto a aceptar siempre y cuando incluyan sus requisitos básicos, los cuales hasta ahora comprendían un camino hacia la ciudadanía.
Medios de prensa destacaron que legisladores del denominado Viejo Gran Partido valoran vías para legalizar a los millones de residentes sin papeles.
En una entrevista con KBAK/KBFX Eyewitness News, en Berkely, California, Kevin McCarthy, el tercer republicano de mayor rango en la Cámara baja, manifestó su apoyo a la medida, pero se opuso a conferir estatus de ciudadano a los residentes ilegales.
Nuestras ideas sobre inmigración siguen sujetas a negociaciones, señaló McCarthy, aunque advirtió que pudieran incluir un estatuto legal para que los indocumentados trabajen y paguen impuestos.
Las opiniones del político californiano sintonizan con las de otros altos jerarcas de su partido que abogan por el otorgamiento de la ciudadanía a los inmigrantes una vez que reciban un estatuto jurídico inicial y cumplan con varios requisitos.
Esta situación debe clarificarse en los próximos días durante la conferencia del Partido Republicano en Cambridge, Maryland, donde serán debatidas las propuestas para una reforma de inmigración.
Expertos advierten que los republicanos también pudieran proponer medidas para reforzar la frontera, un programa de trabajadores invitados y un sistema mejorado del programa E-Verify, de verificación de ciudadanía para los empleadores.
Si bien estas iniciativas quedan por debajo de las expectativas de demócratas y activistas que apoyan un cambio de las normas, fuentes en la Casa Blanca manifiestan su optimismo y presagian que en 2014 se concretarán algunas reformas de las leyes migratorias.
Existen razones para creer que las perspectivas son mejores este año para aprobar una reforma migratoria integral en el Congreso que sea firmada por el presidente, señaló Jay Carney, vocero de la mansión ejecutiva en una entrevista con la cadena Univisión.
La manzana de la discordia en la cual se ha convertido el tema del otorgamiento o no de la ciudadanía, no es realmente clave para lograr un acuerdo bipartidista, opinó el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Randel Johnson, responsable de las cuestiones migratorias en el influyente organismo.
Lo que los indocumentados quieren es salir de las sombras y poder trabajar, sostuvo.
No obstante, el tema de la ciudadanía tiene implicaciones políticas que podrían dificultar las negociaciones, advierten algunos expertos.
Los demócratas afirman que no abrir esta posibilidad implicaría crear ciudadanos de segunda categoría, pero lo que una y otra parte no suelen decir abiertamente es que al proporcionar la ciudadanía, se estarían creando nuevos votantes que podrían tener una influencia clave en las elecciones del futuro, comentó el diario californiano La Opinión.
Ello ocurre en momentos cuando minorías como la latina poseen una influencia cada vez mayor en las urnas, hasta el punto de que analistas republicanos admiten que un candidato conservador solo tiene posibilidades de llegar a la Casa Blanca si cuenta con el respaldo de al menos el 40 por ciento de los votos hispanos.
En el contexto de la 82 reunión invernal de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, efectuada en Washington, uno de los principales temas que emergieron fue la necesaria modificación de las leyes migratorias.
Convinieron los ediles en que las nuevas regulaciones crearán nuevos empleos, reducirá el déficit y aumentará la productividad del país, por lo cual urgieron al presidente Obama a ejercer su autoridad ejecutiva y avanzar en el tema si el Congreso mantiene su inmovilidad al respecto.
Durante un desayuno con un reducido grupo de periodistas tras un evento auspiciado por el Centro para el Progreso Estadounidense, el alcalde de Phoenix, Arizona, Greg Stanton, insistió en que «ante la inacción del Congreso», Obama debe usar su autoridad y adoptar políticas públicas inteligentes, incluso para frenar las deportaciones.
En Arizona, ya intentamos políticas divisivas y no funcionaron. Necesitamos ir por un rumbo muy distinto, porque la reforma traería beneficios económicos al país, argumentó Stanton.
Agregó que si Arizona aprobó la SB1070, «una ley hostil que buscaba causar la asfixia económica de los indocumentados, fue en parte por la inacción del órgano legislativo que creó un vacío en estas lides».
El alcalde de Key West, Florida, Craig Cates señaló que buena parte de los sectores de turismo y servicios en su ciudad dependen de la mano de obra inmigrante y debido a las medidas policiales de inmigración, «muchas veces algunos negocios ni siquiera pueden abrir porque no tienen empleados».
Por lo pronto, líderes religiosos, empresariales, sindicales y comunitarios estadounidenses comenzaron el año con varias iniciativas dirigidas a estimular el debate sobre emigración y presionar al Capitolio para una nueva legislación en este sentido.
El Movimiento para una Reforma Migratoria Justa, que se autodenomina la mayor coalición nacional para impulsar dicho propósito, presentó el 22 de enero siete principios que, a su juicio, deben centrar el anunciado debate de la Cámara baja sobre inmigración.
Como primer punto ubicó la opción de la naturalización, seguido de la reunificación familiar, brindar oportunidades para una migración segura en el futuro y establecer una política que respete a las comunidades de migrantes y fronterizas.
Entre los postulados también incluyó eliminar los programas que involucran a las policías locales en la aplicación de leyes migratorias, respetar las garantías y derechos civiles de los inmigrantes, así como ofrecerles las herramientas para una plena integración a la sociedad estadounidense.
Otro grupo de activistas anunciaron que reactivarán la huelga de hambre efectuada a fines de 2013 para presionar por la aprobación de la dilatada reforma migratoria.
Queremos la reforma lo más pronto posible porque cada día que pasa tenemos gente muriendo en la frontera, gente que está siendo deportada, sostuvo Eliseo Medina, exsecretario del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio e integrante de la coalición Fast for Families (Ayuno por las Familias).
Durante una rueda de prensa, Medina adelantó que la primera fase de la protesta ocurrirá hasta el 21 de febrero, periodo durante el cual los manifestantes celebrarán asambleas populares en más de 50 distritos legislativos de la nación.
La segunda fase iniciará el 24 de febrero, cuando dos autobuses con activistas partirán -por separado-, de Los Ángeles para visitar otros 51 distritos legislativos antes de llegar de manera simultánea a la capital estadounidense el 9 de abril.
Nuestra meta es entablar un diálogo con el pueblo sobre el maltrecho sistema migratorio e invitarlos a que se sumen a nosotros en oración, ayuno y acciones, explicó Medina, un mexicanoamericano de 67 años, que se mantuvo sin ingerir alimentos junto a casi 20 activistas durante 22 días entre noviembre y diciembre pasado, cerca del Congreso.