El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen a la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el que se busca terminar con la impunidad y sus consecuencias que enfrenta el sistema penal vigente.
Con 407 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, los legisladores buscan unificar procedimientos a nivel nacional para asegura el acceso a la justicia en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
El Código Nacional establece nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y federales, tales como la regulación de juicios orales, los cuales se llevarán a cabo en audiencias públicas para que tanto las partes en conflicto como el público en general puedan presenciarlas.
Además el nuevo Código señala que cuando el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas para la investigación, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) o los servidores públicos facultados podrán solicitar al juez federal de control la autorización de esta medida.
Sobre el descubrimiento probatorio a cargo del Ministerio Público, el dictamen subraya que éste consiste en la entrega material a la defensa de copia de los registros de la indagación, por lo que todos los documentos que integran la carpeta de investigación, como fotografías, videos, grabaciones de voz, informes y pruebas periciales serán aceptados para la defensa respecto de las evidencias materiales recabadas.
Otro aspecto que señala el Código es que los legisladores deberán armonizar los criterios competenciales y jurisdiccionales que regirán los procedimientos en el orden federal y local, por lo que se establecen reglas generales de competencia y la facultad de atracción de la jurisdicción federal para aquellos delitos en los que la Carta Magna así lo mandata.
En cuanto a los procedimientos para miembros de las comunidades indígenas, se incluyeron mecanismos para el reconocimiento de decisiones de autoridades de las comunidades originarias, así como de sus efectos.
Para la entrada total en vigor del mismo se requiere de la adecuación de diversas estructuras, tanto normativas, reorganizacionales, de personal, de infraestructura y equipamiento, lo cual depende del fuero y la territorialidad de cada Distrito en la Federación y de cada entidad federativa, por lo que la entrada en vigor de este Código no deberá exceder el 18 de junio de 2016 y debe ser gradual.
El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez del PRI, dijo que el Código Nacional de Procedimientos Penales es ejemplo de la transformación sistémico-jurídica que ha emprendido esta legislatura, ya que no es obra de la casualidad sino respuesta a la realidad que enfrenta el país.
Señaló que este Código prevé los principios que regirán al proceso: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como inclusión de principios tales como igualdad ante la ley y entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento.
Resaltó que este nuevo instrumento jurídico pretende en un ejercicio de transparencia, cercanía, oralidad y expedités, salvaguardar como lo manda la Constitución, los derechos de todos los mexicanos en la eventualidad de que hayan de participar en un procedimiento penal.
Los legisladores de todos los partido dieron su posición y el diputado José Alberto Rodríguez Calderón del PRI recordó que 13 estados han implementado el nuevo sistema de justicia penal acusatorio de tipo adversarial, 12 están trabajando para su implementación y algunos más lo estarán haciendo antes de junio de 2016.
Destacó que con este Código, se construye una herramienta indispensable y base del nuevo sistema penal acusatorio cuya principal característica es la oralidad, y se crean los mecanismos alternos de solución de controversia, es decir resolverla en el menor tiempo posible y sin gastos para el ciudadano.
Jorge Francisco Sotomayor Chávez del PAN argumentó que con este Código se otorgará mayor certeza, inmediatez y transparencia; dará una verdadera justicia, en donde se reconocen principios como la publicidad, pues ahora se podrá acudir a las audiencias y conocer de manera directa e inmediata lo que ahí se trata.
El diputado Catalino Duarte Ortuño, del PRD, señaló que “el problema no es el perfeccionamiento de las leyes. La visión que tiene la izquierda es que tenemos que trabajar seriamente en los valores, en la cultura de la legalidad. Tenemos que ir a fondo en el tema de la corrupción. Eso es lo que afecta seriamente la procuración y administración de justicia en este país”.
El legislador Antonio Cuéllar Steffan (PVEM), expresó que la aprobación del nuevo Código es el camino hacia la seguridad jurídica de las personas a partir de la impartición de justicia en la rama más sensible para la población: la defensa de su persona ante la criminalidad.
Ricardo Monreal Ávila, diputado de Movimiento Ciudadano, advirtió que la propuesta contiene diversas lagunas en temas de prisión preventiva; allanamiento de morada; presencia y defensa del imputado en audiencia; intérprete para miembros de pueblos indígenas, y comunicaciones intervenidas, entre otras.
“Son cosas trascendentes que no se pueden admitir en un régimen democrático y que la izquierda no puede, ni por confusión ni por desviación ideológica, opinar favorablemente, menos apoyar estos instrumentos perniciosos”, sostuvo.
La diputada Lilia Aguilar Gil del PT, calificó al actual sistema penal como débil, lento y con vicios, que de acuerdo a la ONU y del CIDAC, sólo el 25 por ciento de crímenes es reportado; el 20 es seguido por el Ministerio Público; el 10 termina en un arresto, el 5 llega a un juez y sólo el uno por ciento se castiga, “la impunidad en este país es del 95 y el 98 por ciento. Además entre el 50 y 70 por ciento de jueces se considera que son corruptos”.
En el posicionamiento el diputado Fernando Bribiesca Sahagún de Nueva Alianza, afirmó que este dictamen busca dar orden a los procesos penales, así como frenar el abuso del poder y la corrupción. “Un Estado de derecho funcional es garantía de paz y crecimiento”.
Para su discusión en lo particular, la Secretaría de la Mesa Directiva dio lectura de las reservas a los artículos 3, 4, 10, 13, 15, 17, 19, 45, 55, 56, 58, 64, 66, 86, 108, 109, 113, 114, 117, 128, 131, 132, 137, 141, 146, 147, 150, 152, 155, 157, 158, 165, 167, 183, 187, 201, 202, 205, 208, 211, 249, 250, 251, 256, 265, 290, 291, 293, 297, 301, 303, 305, 322, 337, 338, 355, 366, 380, 397, 398, 486, 489 y 490.