Argentina, derechos humanos, enfoques encontrados

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Por Martin Hacthoun

Buenos Aires, 11 feb (PL) El traspaso de la administración por el gobierno de derecha de esta capital al Nacional de antiguos centros clandestinos de detención y tortura, de cuya conservación se encarga el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), genera hoy posturas encontradas.

La polémica gira en torno, en particular, al edificio Cuatro Columnas de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), más los espacios Automotores Orletti, Club Atlético, Olimpo y Virrey Cevallos, que fueron sitios de tortura y muerte durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

En un comunicado que circuló el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en nombre de la Junta Directiva del Instituto, la cual integra junto con otras figuras notables en la lucha por los derechos humanos en Argentina, se rechaza “la decisión inconsulta de traspasar los sitios de memoria bajo la guarda del IEM a la órbita nacional”.

La principal preocupación de los integrantes del IEM, según consultó Prensa Latina, es que pueden perder la capacidad de poder trabajar de forma independiente según el carácter autónomo y autocrático de ese organismo, que le otorgaron las leyes públicas que lo crearon en 2002.

A eso se agrega la inquietud, de cara al futuro, de que en Argentina asuma un día un gobierno derechista, apuntalado por los grupos de poder económico y oligarcas que respaldaron los golpes dictatoriales, y den al traste con esa institución al estar bajo la égida de la autoridad nacional, y no como un ente autónomo e independiente.

A su vez, argumentan que esos espacios deben conservarse como están para que permanezcan como evidencia en juicios en marcha contra represores por crímenes de lesa humanidad, y no deben ser convertidos en museos como proyecta el gobierno nacional.

Sobre esa base, el Consejo Directivo del IEM manifestó su rechazo, ya que a su juicio lo inhabilita, “transformando lo que hasta ahora eran políticas públicas de memoria en políticas de gobierno”.

A su vez, la junta directiva del Instituto fustiga al gobierno porteño de derecha que conduce el empresario opositor Mauricio Macri por poner “una vez más de manifiesto el desinterés por el patrimonio histórico de memoria en el ámbito de su incumbencia”.

El periódico Perfil, que responde a la oposición política, reportó la semana pasada que el pacto para el traspaso de la administración, con una vigencia por 30 años, lo firmaron el 22 de enero el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la vicejefa del gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal.

Agregó que eso le representa a la administración de Macri un ahorro de 80 millones de pesos, equivalentes a casi un millón 26 mil dólares, en asignaciones al IEM.

La nota que circuló Pérez Esquivel recuerda que la fundación del IEM “implicó gestar una experiencia de nuevo tipo: impulsar políticas públicas de memoria desde la acción concertada de organismos de derechos humanos y espacios estatales”.

Pero con la particularidad -recalca- “de que el Instituto tiene autarquía y autonomía en su materia, de modo tal que la política de memoria se construye como política de estado más allá de la coyuntura y los gobiernos de turno”.

Por su parte, el secretario para Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, precisó que el gobierno nacional asumió la responsabilidad sobre los sitios de memoria por el abandono administrativo en que se encuentran.

La explicación de Fresneda, bajo cuya secretaría están ahora los cinco espacios para la memoria, a esa medida la volcó en una larga entrevista que concedió al diario Tiempo Argentino, que la difundió el pasado domingo.

Argumentó el traspaso para “poner en funcionamiento la Ley de Sitios de Memoria, la 26.691, que obliga a los Estados a preservar, señalizar y difundir las políticas de Derechos Humanos en esos predios”.

Añadió que se hizo para fortalecerlos como “estructuras democráticas que sirvan como herramientas pedagógicas”.

Esa vocación llevó a que las autoridades de la Nación y de la Ciudad encontraran la posibilidad de conversar sobre “las mejores políticas para cumplir con este deber”, y el gobierno porteño concluyó -dijo- que el Nacional “tiene mejores condiciones para llevar adelante esas políticas”.

“Todos los sitios administrados por el IEM estaban en condiciones deficitarias en lo estructural, presupuestario y en la perspectiva de trabajo a futuro”, sostuvo Fresneda en la entrevista.

El gobierno nacional dispondrá -aseguró- el presupuesto necesario para poner en valor esos edificios y aplicar políticas de memoria con una inyección presupuestaria.

En su opinión, “estos sitios deben funcionar abiertos a la sociedad y esto no sucedía en algunos casos. Las condiciones laborales de los 80 trabajadores traspasados a la Nación también van a ser mejores”, afirmó.

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