(ng) Las comisiones unidas de Derechos Humanos; Contra la Trata de Personas y de Justicia del Senado aprobaron este lunes reformas a la ley en materia de trata de personas que incluyen nuevos tipos penales, incorporan nuevas conductas delictivas y amplían las agravantes.
Los legisladores hicieron notar que la actual ley solo identifica seis bienes distintos: vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad y libre desarrollo, lo que implica que para cometer el delito de trata de persona necesariamente se debe de poner en peligro o lesionar todos y cada uno de ellos.
La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, la senadora Adriana Dávila Fernández, dijo que el análisis a la ley general vigente no fue hecho «a la carrera
al vapor» y los cambios realizados son «producto de meses de trabajo» que buscan establecer pautas específicas.
Dávila precisó que después de 12 meses de labores los integrantes de la Comisión presentan este dictamen, el cual es respaldado por 74 senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios.
«Una de las aportaciones más novedosas consiste en establecer estrategias dirigidas a combatir la demanda y a modificar patrones culturales abusivos y misóginos», dijo por su parte la senadora Angélica de la Peña Gómez, titular de la Comisión de Derechos Humanos.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, dijo que el propósito fundamental del dictamen es perfeccionar los tipos penales y mejorar las condiciones de intervención de la autoridad.
La nueva norma, a la que se le cambiará el nombre por Ley General en Materia de Trata de Personas, incluye elementos que ofrecen reparar el daño a las víctimas, y se establecen competencias y formas de coordinación para la prevención y sanción de delitos en dicha materia.
La propuesta de ley aprobada en comisiones incluye diversos tipos de sanciones entre los que destacan:
De 10 a 25 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa a quienes consigan, capten o enganchen, recluten, entreguen, oculten o recluten a personas con el fin de explotarlas.
De 15 a 30 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días de multa a quienes exploten o se beneficien con prostitución ajena, pornografía, turismo sexual, o exhibición pública o privada de orden sexual.
De 10 a 15 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días de multa a quien con engaños realice servicio sexual o un acto pornográfico.
De 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días de multa a quienes elaboren, comercien, distribuyan, exhiban y oferten cualquier imagen u objeto de carácter sexual con origen en la explotación de una persona.
De 15 a 30 años de prisión y de 2,000 a 60,000 días de multa a quien publicite, gestione, facilite induzca a un menor de edad a realizar un acto sexual, y la misma pena a quien comercialice y difunda dicho material.
De 10 a 20 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa a quien explote a una persona para trabajo forzado o en un conflicto armado.
Dichas penas aumentarán en un 50% cuando el inculpado tenga relación familiar o civil hasta el tercer grado o hasta el segundo grado por afinidad, habite en el mismo domicilio o haya tenido relación sentimental con la víctima.
También aumenta la pena en la misma medida si la víctima es menor de 12 años de edad o si el delincuente ejerce funciones de dirección o financiamiento o si la víctima muere o se suicida por las secuelas del delito.
Las penas son acumulables si el delito se comete en contra de varias personas.
La ley actual contempla una pena de 20 a 40 años de cárcel y de 2,000 a 20,000 días de multa para quienes cometan el delito de trata.
Las modificaciones en la ley también establecen como publicidad engañosa la que pueda causar que se reclute a una persona para cometer dicho delito.
Según la reforma, la Procuraduría General de la República (PGR) podrá ofrecer cambios de identidad y reubicación de los afectados si su vida está amenazada.
La reforma aprobada en comisiones por unanimidad en lo general y en lo particular ahora será llevada al pleno para su lectura, votación y aprobación.
La ley vigente fue promulgada por el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) en junio de 2012, y en ella se establecía que la Federación, entidades y los municipios estarían obligados a coordinarse para prevenir este delito. Esto obligaba a los ministerios públicos y los policías deben de actuar de oficio contra la trata de personas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha señalado que la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos del mundo, solo detrás del tráfico de drogas y de armas.