Madrid, 15 feb (PL) Con el hallazgo hoy de dos cadáveres en aguas cercanas a Ceuta se elevó a 15 el número de muertos la pasada semana cuando la Guardia Civil española impidió un ingreso masivo de inmigrantes.
Autoridades ceutíes informaron que un cuerpo fue rescatado en la mañana en aguas cercanas a las costas de esa ciudad autónoma española enclavada en África y luego otro pasado el mediodía.
La oposición acusa a la Guardia Civil de provocar la tragedia al disparar con balas de goma y lanzar gases lacrimógenos a los inmigrantes que desde Marruecos intentaron llegar a nado a la costa el pasado 6 de febrero.
El ministro español de Interior, Jorge Fernández, reconoció que se disparó con proyectiles de goma pero sólo para disuadir y aseguró que en todos los casos la causa de la muerte fue asfixia por inmersión, sin señales de violencia.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, insistió hoy en pedir la destitución del ministro Fernández, al considerar que se trató de una clara y flagrante violación de los derechos humanos al omitir el deber de auxilio a las personas en el agua y dispararles.
También la vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero español, Elena Valenciano, reiteró la demanda de una investigación para depurar responsabilidades por la tragedia.
Otras organizaciones, entre ellas la Asociación Jueces para la Democracia coinciden en demandar la renuncia de Fernández y en pedir una investigación de los hechos, por considerar que existen contradicciones en la versión oficial.
Hasta ahora cinco cadáveres fueron hallados en aguas españolas y otros 10 en territorio de Marruecos, desde donde intentaron ingresar a Ceuta.
También la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, expresó preocupación por el caso y afirmó que espera una explicación por parte de las autoridades españolas.
Organizaciones no gubernamentales y partidos de oposición critican también la devolución realizada en el acto a Marruecos de 23 inmigrantes que alcanzaron tierra, lo que consideran una deportación en caliente prohibida por normas españolas y europeas.
Según esas regulaciones los inmigrantes deben ser identificados, recibir asesoramiento legal, ser recluidos en un centro de atención y analizar cualquier solicitud de asilo, lo cual no ocurrió en este caso.