Cerca de mil 100 autodefensas del estado mexicano de Michoacán comenzaron hasta hoy su proceso de inscripción para formar parte de las fuerzas del orden, tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno en ese sentido.
Al mismo tiempo, los colectivos de civiles surgidos para proteger a sus poblados del crimen organizado han registrado dos mil 870 armas de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de las cuales mil 500 son de grueso calibre.
El 27 de enero pasado la Secretaría de Gobernación confirmó la concertación de un pacto con esas agrupaciones comunitarias de la entidad federativa del centro-oeste del país para incorporarlas a la legalidad como integrantes de Cuerpos de Defensa Rurales.
En ese momento se determinó que seguirían armadas, pero tendrían que registrar sus armas y sustituir algunas de ellas conforme a los criterios que marca la Sedena.
Al mismo tiempo, los civiles interesados en ingresar a los cuerpos rurales deben presentar documentos y ser sometidos a exámenes médicos y revisión de antecedentes penales.
Desde hace varios meses Michoacán vive una ola de violencia que se intensificó a mediados de enero último, debido a los enfrentamientos entre las autodefensas y el cártel de Los Caballeros Templarios, una organización acusada de delitos como robos, extorsiones, secuestros y asesinatos.
Esa situación obligó al Ejecutivo a intervenir en el estado, sobre todo en la región de Tierra Caliente, donde fueron desplegados efectivos federales para asumir el control de la seguridad.
Aunque en un primer momento se llamó al desarme de las autodefensas, finalmente la decisión fue pactar con ellas su entrada a la legalidad a través de las fuerzas rurales.