La Habana, 26 feb (PL) La guerrilla de las FARC-EP demandó hoy en esta capital el desmonte de las estructuras narcoparamilitares entronizadas en el Estado colombiano, a las que calificó además de criminales y mafiosas.
Tal postura fue expuesta por Jesús Santrich, de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que desde hace 14 meses realiza conversaciones de paz en La Habana con el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, para poner fin a un conflicto de más de medio siglo.
En el contexto de la discusión del cuarto punto de la agenda para la paz que versa sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, la insurgencia presentó seis propuestas mínimas sobre «Política antidrogas centrada en el desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado».
La guerrilla expuso la necesidad de conformar una Comisión especializada, con participación de representantes del Gobierno, las FARC-EP, la academia, partidos políticos y movimientos políticos y sociales, las Fuerzas Militares y Policiales, a fin de diagnosticar y estudiar fórmulas para el desmonte de la industria del narcotráfico.
Dicha comisión, antes de seis meses, entregaría un «Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo en el Estado y la sociedad colombiana».
Igualmente, la insurgencia consideró que debe darse una depuración del Estado en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial, y el desmonte real y efectivo del poder narcoparamilitar.
Todo ello con el objetivo de que se permita la recuperación de la legitimidad del Estado de manera que este ejerza pleno control de las políticas públicas, así como sobre la política criminal y la administración de justicia.
En ese sentido, las FARC-EP plantearon la necesidad de depurar los órganos de control del Estado, en especial de la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, Notariado y Registro y la Registraduría Nacional.
También manifestaron que el Ministerio Público debe ejercer una acción efectiva sobre funcionarios públicos, de todos los niveles, comprometidos con el fenómeno narcoparamilitar.
Además, se expresó la exigencia de la depuración de las fuerzas militares, la policía y los servicios de inteligencia, en atención -dijo la guerrilla- a los comprobados nexos estructurales que tienen con el narcoparamilitarismo.
Las FARC-EP advirtieron asimismo que el narcotráfico ha extendido sus redes criminales al conjunto de la institucionalidad, a la financiación de partidos políticos y campañas electorales, lo que le permite incidir en el poder legislativo y acceder a posiciones del gobierno.
Por ello, la guerrilla demandó la implementación de medidas y acciones especiales para combatir «la corrupción originada en los capitales del narcotráfico, incluido el seguimiento a dichos capitales en todo el circuito económico».