Washington, 27 feb (PL) Ciudadanos de la comunidad fronteriza de Arivaca, en el estado norteamericano de Arizona, monitorean hoy las actividades de los agentes de la la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en medio de numerosas denuncias sobre abusos contra ciudadanos.
El seguimiento, iniciado la víspera, se efectúa durante cuatro horas cada día en un punto de control a unos 25 kilómetros al norte de la frontera con México.
La acción la organiza el grupo Gente Ayudando Gente en la Zona Fronteriza, integrado por residentes de Arivaca, y como parte de una iniciativa para documentar y desestimular posibles abusos de agentes policiales contra residentes de la zona.
Un comunicado de la entidad, detalla que los activistas se sientan en sillas plegables con cuadernos donde documentan datos de los vehículos que circulan por la zona, así como el género y grupo racial o etnia de conductores y pasajeros, entre otros aspectos.
En varias ocasiones, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha denunciado que la Patrulla Fronteriza viola los derechos constitucionales de ciudadanos en el sur de Arizona, al detener a conductores en los puntos de revisión de carreteras cercanas a la frontera con México.
Los agentes efectúan búsquedas y detienen a personas sin justificación, además de usar la ley de inmigración como pretexto para detenciones arbitrarias buscando posibles actividades criminales, alertó la ACLU a mediados de enero.
Algunos de los afectados refirieron ser objeto de interrogatorios y detención, búsquedas injustificadas, discriminación racial, acoso verbal y asalto físico, entre otras violaciones, agregó la organización no gubernamental.
Este jueves, un estudio de la entidad independiente Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía, difundido por el diario Los Ángeles Times, criticó a los agentes del CBP por un excesivo uso de la fuerza letal en los últimos años.
La Patrulla Fronteriza ha mostrado falta de diligencia en sus investigaciones internas y en algunas ocasiones los agentes han creado pretextos para abrir fuego, señaló el texto que contabilizó 67 incidentes violentos entre enero de 2010 y octubre de 2012.
Veinte legisladores estadounidenses, en su mayoría latinos, exigieron a fines de noviembre a la CBP reformar sus prácticas y restringir el uso de la fuerza en la frontera, tras varias denuncias por abuso de sus competencias.
Entre las recomendaciones figuraron mejorar la revisión y análisis de los incidentes asociados al uso de la fuerza para perfeccionar la política, táctica y ejecución, identificar el equipo alternativo que puedan utilizar los agentes en confrontaciones y revisar el entrenamiento actual y tácticas para implementar reformas necesarias.
Sin embargo, la CBP desestimó dichas recomendaciones y anunció que sus agentes continuarán con el uso de la fuerza letal.