(ng) Seis de ocho líderes del narcotráfico mexicano extraditados a Estados Unidos desde 2007 han logrado reducir sus condenas luego de entablar acuerdos con fiscales de ese país, en los que aceptaron declararse culpables y en algunos casos dar información, a cambio de penas menos severas de las que podrían haber enfrentado.
Ese tipo de arreglos es común entre autoridades estadounidenses y criminales mexicanos, pues los delincuentes buscan reducir lo más posible su tiempo en la cárcel y para conseguirlo ofrecen cooperar con otras investigaciones, señaló la investigadora Sylvia Longmire, exagente especial de la Fuerza Aérea y consultora en seguridad.
«Tienen una gran cantidad de información de inteligencia que pueden proveer a agencias como la DEA (agencia antidrogas) y saben que eso es algo valioso que pueden ofrecer, pero el público con frecuencia no tiene acceso a los términos de estos acuerdos», dijo Longmire, autora del libro Cartel: The Coming Invasion of Mexico’s Drug Wars (El cártel: la inminente invasión de las guerras de drogas de México), publicado por la editorial Palgrave Macmillan en 2011.
En esto coincidió John Bailey, profesor emérito de la Universidad Georgetown: «En Estados Unidos, lo común es que si te arrestan y eres alguien que está muy inmiscuido (en la delincuencia), pondrán una docena de cargos en tu contra y después negociarán la forma de retirar la mayoría de ellos si cooperas en la investigación».
El caso más reciente es el de Eduardo Arellano Félix, el Doctor, uno de los jefes del cártel de Tijuana, quien fue extraditado en 2012 y señalado como responsable de las finanzas de la organización criminal. En Estados Unidos, Arellano Félix fue sentenciado en agosto de 2013 a 15 años de prisión por lavado de dinero.
Al llegar a Estados Unidos, además enfrentaba cargos por crimen organizado y por conspiración para importar y distribuir cocaína y marihuana. Por todo ello, encaraba una pena de hasta 140 años en la cárcel, según la acusación presentada por la fiscalía y dada a conocer por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, llegó a un acuerdo y, para reducir la condena, aceptó ser culpable de obtener recursos con operaciones ilícitas y la confiscación de 50 millones de dólares de sus ganancias, informó entonces la FBI.
Benjamín Arellano Félix, su hermano mayor, también consiguió un arreglo. El principal líder del cártel de Tijuana fue extraditado en 2011 y un año después reconoció su culpabilidad en las acusaciones de crimen organizado y lavado de dinero. A cambio, la fiscalía accedió a buscar una condena máxima de 25 años de prisión y planteó confiscar 100 millones de dólares de sus bienes, según confirmó su abogado a CNN en enero de 2012.
El capo enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua, según la acusación original. Para evitarla, Arellano Félix también aceptó cooperar con autoridades de Estados Unidos en otras investigaciones, reportó entonces el semanario mexicano Proceso citando el acuerdo firmado.
CNNMéxico no pudo corroborar esa información de forma independiente. Al respecto, un vocero del Departamento de Justicia estadounidense indicó que los términos de cada arreglo pueden variar y que las leyes del país permiten a los tribunales mantenerlos en secreto.