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El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgó este martes el Código Nacional de Procedimientos Penales, durante una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional.
El mandatario también firmó un proyecto de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
Durante sus palabras en el acto, el gobernante explicó que de 33 códigos que había en el país, cada uno con distintas reglas para el desahogo de un juicio penal, ahora habrá un código único, que será válido en todo el territorio nacional.
De esta forma, añadió, todos los procesos penales se llevarán a cabo bajo las mismas reglas, fortaleciendo así la solidez del Estado de Derecho.
Agregó que se trata de un ordenamiento jurídico que tiene como factores centrales la protección de la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso.
Manifestó que este Código fortalecerá además las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas.
Asimismo, comentó que este logro implicó un año de trabajo legislativo y el apoyo de expertos en la materia, el cual pondrá al día el sistema de justicia penal.
Anunció que como complemento de esa legislación, enviará al Congreso de la Unión un proyecto de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
Con esta normativa, refirió, se busca que un número considerable de los casos se resuelvan a través de la justicia alternativa.
De aprobarse, prosiguió, esta ley contribuirá a reducir los costos y tiempos de los procesos, a disminuir la saturación en las cárceles y, lo más importante, permitirá al Estado concentrarse en la investigación y detención de los delincuentes que más lastiman a la sociedad.
Por su parte, el procurador general de la República, Jesús Murillo, dijo que con esta promulgación, México atraviesa por una de las mayores transformaciones jurídicas en su historia.
Aseveró que el Código representa un avance sustancial con reglas y procedimientos claros, con principios y derechos reconocidos y se adecua a una realidad que exige procesos judiciales transparentes, ágiles y certeros.