Madrid, 8 mar (PL) El gobierno español reiteró hoy al parlamento su oposición a un referendo independentista de Cataluña, en una exposición escrita que las autoridades de esa región calificaron de expresión de la política de ordeno y mando.
En un documento sometido al Congreso de Diputados, el gobierno de Mariano Rajoy considera que no cabe en la Constitución y es meramente especulativa la solicitud del parlamento catalán entregada a esa institución el pasado 21 de enero.
El poder legislativo español debe expresarse en torno a la petición catalana de transferencia de competencias para poder organizar la consulta popular el próximo 9 de noviembre.
El presidente catalán, Artur Mas, aludió al hecho en un acto público y afirmó que las posiciones de su gobierno y el español expresan un enfrentamiento entre dos sistemas de valores distintos.
Precisó que mientras Cataluña promueve el diálogo, el gobierno de Rajoy reacciona muy basado en el orgullo propio y en la posiciones duras.
El documento entregado al parlamento por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, indica que los referendos consultivos están previstos en la Constitución para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia.
Según su criterio, sólo puede consultarse lo que se va a decidir: no caben consultas meramente especulativas.
Si Cataluña sola, de manera unilateral, no puede decidir jurídicamente su separación de España, tampoco lo puede técnicamente consultar. Y si no puede consultarlo, no puede delegársele la facultad correspondiente, agrega la argumentación.
Puntualiza que ni el aspecto formal de la delegación de la competencia, ni el fondo del asunto que es el objeto del referéndum tienen cabida en la Constitución.
El Gobierno español fijó su posición en relación con el tema antes de la tramitación de la solicitud catalana, una opción permitida por las regulaciones legislativas pero utilizada muy raramente.
Según lo establecido, ahora el debate en el pleno de la Cámara sobre la solicitud catalana comenzará, cuando se defina la fecha para ello, con la lectura de la posición fijada por el gobierno español.