Caracas, 14 mar (PL) La construcción de la paz en Venezuela, amenazada por la violencia de la ultraderecha, tiene hoy en el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a instituciones capaces de acompañar el proceso con apego a la Constitución.
Segun el gobierno, las entidades mencionadas juegan un papel esencial en el enfrentamiento a la guerra mediática y económica, distorsión de la realidad, agresiones a instituciones del estado, ataques verbales y físicos a las personas, destrucción de bienes públicos y privados e irrespeto a la tranquilidad ciudadana.
En ese contexto, la Fiscal General, Luisa Ortega, y la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, presentaron informes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde defendieron que la Carta Magna venezolana recoge el derecho a la protesta y la manifestación, siempre bajo un parámetro de paz.
Ramírez denunció en el organismo internacional la campaña mediática y de incitación a la violencia a la que está sometido su país y mencionó acciones difamatorias sobre presuntas violaciones de derechos humanos con el marcado interés de propiciar una intervención extranjera.
Acorde con Ortega, en las llamadas manifestaciones pacíficas fueron decomisadas 25 armas de fuego, explosivos C4 y más de 200 artefactos incendiarios, lo cual explica sus «inofensivas acciones».
En igual sentido el Ministerio Público reiteró su indeclinable decisión de castigar a quienes violan los derechos humanos durante los actos vandálicos de las últimas semanas con un saldo de 28 personas muertas y 365 lesionados.
También como muestra del carácter «pacifico» que pretenden atribuirle a las «protestas» la Fiscalía denunció que la muerte de tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ocurrió por impacto de balas, y entre los heridos, 21 son funcionarios públicos, también lesionados con armas de fuego.
En términos de defensa del debido proceso y de respeto a los detenidos, la Fiscalía sostuvo que de los aprehendidos por presunta participación en los hechos, mil 347 recibieron el beneficios de medidas cautelares sustitutivas de libertad y sólo 106 están encarcelados, por graves imputaciones relacionadas con los hechos.
Para las leyes venezolanas el derecho a manifestarse, como toda norma de derecho, no es absoluto y sus límites están marcados en el respeto a los de otras personas, al libre tránsito, a la integridad física y a la vida que también toca a esa institución defender.
Es así que esta semana el TSJ admitió una demanda de protección de derechos colectivos, interpuesta contra los alcaldes Gerardo Blyde (Baruta) y David Smolansky (El Hatillo), ambos de la oposición del estado Miranda, bajo la gobernación del también derechista Henrique Capriles.
El Tribunal ordenó a ambos funcionarios ejercer sus competencias en sus respectivos municipios y actuar con los recursos humanos y materiales necesarios para impedir la colocación de obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de personas y vehículos.
Unido a la protección debida a los venezolanos, las instituciones también están llamadas a denunciar y sancionar a quienes atentan contra la vida de otras personas, los bienes públicos y privados.