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La Ley Federal de Consulta Popular, que establece el procedimiento para realizar ese tipo de convocatoria ciudadana, entra en vigor desde ayer en México después de su publicación la víspera en el Diario Oficial de la Federación.
El texto determina los pasos para la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas, enfocadas en temas de trascendencia para todo el país o que impacten a una parte significativa de la población.
Precisa además que podrán solicitar un referendo popular el Presidente de la República, un 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, o los ciudadanos en un número equivalente, al menos, a un dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
La trascendencia nacional de los temas propuestos para llevar a consulta será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara, con excepción de la solicitud realizada por los ciudadanos, que será resuelta por la Suprema Corte de Justicia.
En ambos casos, expresa la legislación, el resultado de ese acto será de carácter obligatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, a un 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Votar en las consultas populares constituye un derecho y una obligación de los mexicanos para tomar parte en las decisiones sobre temas de trascendencia nacional, señala la ley.