(ng) Respaldo mayoritario de los diputados consiguió ayer el dictamen de la ley de competencia económica, por lo que se espera su aprobación en el pleno de San Lázaro la próxima semana.
El visto bueno se dio en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde se le hicieron 90 ajustes al proyecto enviado hace un mes por el Ejecutivo para expedir la Ley Federal de Competencia Económica y reformar el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.
El diputado del PAN Mario Sánchez Ruiz, presidente de esa instancia legislativa, manifestó su respaldo a los cambios formulados y los consideró “la piedra angular” de una sana competencia de los mercados.
Se buscó darle las herramientas a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que tuviera los elementos que no tenía anteriormente, para que pueda sancionar aquellas acciones que van en perjuicio de las empresas y de la sociedad, pero también cuidando la certeza jurídica de las empresas, de los entes económicos”, resumió el también expresidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Al explicar los alcances de la minuta avalada, el vicecoordinador jurídico de la bancada del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, detalló que la estructura del proyecto original se mantiene.
Afirmó que en la legislación secundaria se sigue la misma tesis que protege la Constitución, destinada a frenar las prácticas monopólicas.
Gutiérrez de la Garza, también presidente de la Comisión de Comunicaciones, explicó que sólo hubo precisiones técnicas encaminadas a fortalecer la Cofece que, a partir de la reforma, será una instancia autónoma del gobierno federal.
Una de las grandes dudas era la definición de barreras a la libre competencia”, ejemplificó el legislador por Nuevo León, quien aclaró que la regulación secundaria resolvió ese punto.
Reseñó el priista que también se hicieron puntualizaciones para regular las recomendaciones que podrá hacer la Cofece en caso de prácticas del mercado que aún no constituyen una situación de monopolio.
Otras modificaciones, detalló, precisaron las características de la autoridad investigadora para que sea “absolutamente autónoma”.
Claro que hubo aportaciones del sector privado, aquí no vamos a tapar el sol con un dedo”, comentó además el diputado del PRI, al reconocer que varios de los ajustes derivaron del foro que la Cámara de Diputados realizó para consultar a los empresarios sobre la regulación secundaria. “Pero la principal aportación viene de la Comisión Federal de Competencia”, subrayó.
Comentó que igualmente se hicieron precisiones sobre las facultades reguladoras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y las de la Cofece cuando de frenar situaciones monopólicas se trate.
Queda perfectamente claro que el IFT, cuando exista una práctica monopólica, aplicará la Ley de Competencia Económica. ¿Qué era lo preocupante? Que hubiese reglas de Competencia Económica en la legislación de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Donde tenemos que ser sumamente claros es cuando se legisle en Telecomunicaciones y Radiodifusión, para no establecer conductas antimonopólicas, y que entonces sí pudiera haber una contradicción”, explicó.
Es decir, cualquier situación respecto a prácticas monopólicas tendrá que ser única y exclusivamente con la aplicación de la Ley de Competencia Económica”, definió Gutiérrez de la Garza.
Alertan de riesgos
En la discusión del dictamen, Adolfo Orive Bellinger, del Partido del Trabajo y presidente de la Comisión de Competitividad, alertó que la ley hará que la economía se mueva menos.
La iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica conlleva, a grandes rasgos, una contradicción principal que tiene que ver con el modelo económico que la sustenta y que debe ser revisado y modificado para cuidar que no se atente contra la productividad y el crecimiento económico del país, que son las principales problemáticas de nuestra economía”, argumentó.
Por el PAN, Carlos Angulo sugirió cuidado en la aplicación de sanciones a las empresas para no llegar a excesos, y adelantó que entre los desacuerdos está el que la Cofece tenga facultades para castigar acciones que no son imputables a los particulares.