La diputada del PRD Purificación Carpinteyro, asegura que la propuesta de leyes secundarias que hace el Ejecutivo Federal significa un retroceso para el país y que ésta sólo beneficia a una televisora, por lo que de aprobarse el caso podría terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La legisladora señaló en entrevista que la propuesta que hace el ejecutivo federal beneficia sólo a Televisa y además que la iniciativa de legislación que fue presentada el día de ayer por el Ejecutivo ante el Senado de la República, dista mucho de ser leyes reglamentarias de las modificaciones constitucionales que fueron aprobadas.
Asegura que no hay ningún tipo de apego de lo que dice esta ley con lo que dice la Constitución. “No sólo hay una interferencia directa en términos de las facultades y de las atribuciones que les fueron otorgadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que precisamente surge como un órganos constitucional autónomo a raíz de esa reforma constitucional.
Continuó: “y al que se le dota de una serie de atribuciones exclusivas, que la reforma pretende pasar o regresar tanto a la Secretaría de Gobernación, tanto en la materia de contenidos y publicidad, como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en materia de regulación de telecomunicaciones, espectro radioeléctrico, inclusive somete a esta autoridad, a este Instituto Federal de Telecomunicaciones, a situaciones tales como la revisión de sus regulaciones por la Cofemer”.
La legisladora Carpinteyro mencionó que ésta reforma no da trato igual a los iguales, pues aplicar una serie de regulaciones asimétricas para todo lo que es el agente preponderante en el mercado de la telefonía o de las comunicaciones fijas o de las telecomunicaciones móviles, en este caso, a Telmex y a Telcel.
Mencionó que lo que llama la atención es la impresionante ausencia de disposiciones semejantes para lo que sería el agente preponderante en materia de televisión abierta o, inclusive, en sectores de televisión de paga.
Explicó lo que es la propiedad ‘cruzada’ de medios audiovisuales y señaló que el que se tenga o sea accionista principal, dueño de varias concesiones en materia de televisión abierta, en radio sonora y servicios de paga, tanto satelital como por cable, es obvio que el que no haya este tipo de restricciones, ¿a quién beneficia? “Pues al que, efectivamente, tiene esa situación. ¿Quién es el único que está en esa situación? Televisa”, dijo la diputada perredista.
Mencionó que hay algo mucho muy grave sobre el artículo 6° constitucional que dice señala la creación de una cadena de televisión pública, del Estado, estatal o estatista, “para decirlo en esos términos”, “se trataba de una cadena de televisión pública estilo la BBC de Londres, la PBS americana, la RAI italiana, la TVE española, en donde la ciudadanía determinara la línea editorial”.
Sin embargo advirtió que lo que se presenta es una ley que totalmente contraria; “estamos hablando de que se está creando una cadena pública de televisión –además de radiodifusión, también–, pero que está totalmente vinculada con lo que sería la línea editorial que va a determinar el Estado”.
Sobre los señalamientos a la “Ley Televisa”, Carpintyro refirió que habría que recordar el 2006 que en medio del proceso de las elecciones presidenciales, el Congreso de la Unión aprobó una serie de modificaciones a la ley de telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, que favorecieron a la televisora.
Recordó que para entonces las modificaciones fueron cuestionadas por los senadores y en la siguiente legislatura se cuestionó la constitucionalidad e interpusieron una acción ante la Suprema corte de Justicia, quien decidió que estas disposiciones eran contrarias a lo establecido en la Constitución. “A eso se le llama o se le llamó la ‘Ley Televisa’”.