Washington, 25 mar (PL) La Casa Blanca alista un proyecto legislativo, considerado insuficiente por defensores de los derechos civiles, para reformar los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), informó hoy el diario The New York Times.
La propuesta intenta cambiar el sistema de recolección masiva de registros telefónicos de los ciudadanos estadounidenses que realiza la entidad de inteligencia, revelado en 2013 por el excontratista Edward Snowden, actualmente refugiado en Rusia.
Según el Times, si el Congreso aprueba la iniciativa esta pondría fin al aspecto que más alarma ha causado entre los defensores de los derechos de los norteamericanos desde que se conoció su existencia el año pasado.
Sin embargo, Jameel Jaffer, vocero de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo al Times que existen dudas sobre la propuesta de la Casa Blanca, aunque coincide con el deseo del Ejecutivo de poner fin de alguna manera al programa de vigilancia masiva de las llamadas telefónicas de los ciudadanos estadounidenses. Funcionarios de la administración del presidente Barack Obama aseguraron al periódico que de acuerdo con la propuesta, el grueso de los registros quedaría durante un tiempo bajo custodia provisional de las compañías que prestan servicios de comunicaciones.
Para solicitar esos datos a las empresas, la NSA necesitaría un nuevo tipo de orden judicial, lo que implicará cambios adicionales en este aspecto de acuerdo con la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera.
Desde hace varios días, el Congreso de Estados Unidos centra su atención en un proyecto legislativo desarrollado por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que autorizaría a la NSA a solicitar la adquisición de registros telefónicos específicos sin la aprobación previa de un juez federal.
Obama, presentó el 17 de enero pasado un plan de reformas en un intento por neutralizar las críticas a los controversiales programas de espionaje doméstico de la NSA.
La comunidad de inteligencia y elementos conservadores en el Congreso y la opinión pública presionan para que el mandatario mantenga intactas esas misiones, mientras grupos defensores de los derechos civiles temen que los cambios que propondrá el mandatario serán solo para mantener apariencias de legalidad.