Inmigrantes en EE.UU. reanudan huelga contra deportaciones

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Washington, 26 mar (PL) Al menos 70 inmigrantes indocumentados detenidos en una prisión privada en el estado norteamericano de Washington retomaron hoy una huelga de hambre en demanda del cese de las deportaciones, informaron activistas.

La acción sigue a un movimiento de protesta iniciado por cientos de reclusos durante los primeros días de marzo en el Northwest Detention Center, recinto ubicado en Tacoma, en el mencionado estado, para exigir mejores condiciones y el cese de las deportaciones.

La huelga de hambre, que comenzó a principios de marzo, perdió impulso cuando varios internos fueron separados del resto de la población penal y colocados bajo observación médica.

Según los abogados que representan a los reos, al movimiento se sumaron mil 200 personas, aunque los dueños de las instalaciones cifran el número de huelguistas en solo 750.

Angelica Cházaro, una abogada de inmigración y profesora de leyes de la Universidad de Washington, que representa a varios de los internos, señaló que la reanudación del paro responde a la incapacidad de los gerentes de la prisión para mejorar las condiciones de trabajo, entre otras demandas.

Durante la huelga inicial las autoridades amenazaron a los detenidos con obligarlos a tomar alimentos por la fuerza.

Movimientos similares están en marcha en centros carcelarios de Arizona y Tacoma, donde el gobierno federal utiliza reclusorios privados operados por GEO Group and Management and Training Corp.

Activistas señalan que el encarcelamiento de inmigrantes indocumentados es un negocio rentable para compañías de prisiones privadas en el país, que han gastado más de 32 millones de dólares en cabildeo a nivel federal desde 2000 en busca de más fondos para los centros de detención privados.

Las mayores compañías involucradas en el negocio son Corrections Corporation of America y GEO Group and Management and Training Corp, que utilizaron cerca de 45 millones de dólares en donaciones de campaña para el Congreso y a los grupos de presión para impulsar mayores fondos para esos centros de confinamiento.

Denuncias de activistas señalan que los contribuyentes estadounidenses pagaron un estimado de dos mil millones en 2012 por el encarcelamiento de inmigrantes.

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