Washington, 28 mar (PL) La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) bautizó hoy a Barack Obama como presidente de las deportaciones, al tiempo que reclamó el fin de los programas de expulsión de inmigrantes indocumentados.
Desde que Obama llegó a la Casa Blanca más de dos millones de personas han sido deportadas de Estados Unidos, lo cual supera las cifras registradas durante los ocho años de George W. Bush (2001-2009) y más del doble de las reportadas durante el mandato de William Clinton (1993-2001), denunció la entidad.
La ACLU recordó que 150 mil niños sufrieron, solo en 2012, la deportación de al menos uno de sus padres, lo cual incidió en un fenómeno preocupante como la separación de las familias en la nación norteña.
La entidad no gubernamental criticó al Congreso por la paralización de la reforma migratoria que permitiría la legalización del estatus de unos 11,5 millones de personas sin papeles.
El presidente Obama tiene el poder de ordenar simples cambios migratorios, incluso sin el respaldo del Congreso, los cuales podrían aliviar el miedo y la devastación derivadas de estas duras políticas de cumplimiento de la ley, añadió.
Recientemente, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) también se unió al reclamo de activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos para detener las masivas expulsiones de personas que residen de forma ilegal en el país.
Son dos millones de personas queridas en nuestra comunidad que vinieron a trabajar para ofrecer sustento a su familia y, sin embargo, la recompensa por ese trabajo, por ese sacrificio, es la deportación, criticó Angélica Salas, directora ejecutiva de la CHIRLA.
Activistas proinmigrantes advierten que continuarán la lucha por lograr una reforma migratoria, a pesar de los obstáculos que confronta la iniciativa en el Capitolio.
La promesa electoral hasta ahora incumplida por Obama de conseguir una legislación migratoria integral durante su mandato permanece empantanada en las agudas divergencias entre demócratas y republicanos.
Los dos tradicionales partidos políticas estadounidenses defienden posiciones al parecer irreconciliables, entre la apertura de un proceso para optar por la ciudadanía, avalado por el Senado y la negativa de los conservadores a favorecer la naturalización por considerarla una amnistía para quienes, afirman, violaron la ley.