México, 3 abr (PL) El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, anunció hoy que durante las próximas semanas se realizará el desarme de los grupos de autodefensa presentes en de esa entidad federativa mexicana.
De acuerdo con el funcionario, quien no asuma esa decisión sufrirá las consecuencias, porque el estado ya puede garantizar la seguridad y, por tanto, no hay justificación para que esas agrupaciones comunitarias continúen portando armas.
Tras un encuentro con universidades y organizaciones sociales de ese territorio del centro-oeste del país, Castillo informó que se reanudará el registro de personas que quieran inscribirse a los cuerpos de defensa rurales. Señaló que ya existe el consenso con los grupos de civiles, tanto para el desarme como para retirar las barricadas instaladas en diferentes localidades.
La declaración del Comisionado fue confirmada por el secretario mexicano de gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien afirmó que los grupos de autodefensa de Michoacán han llegado a su fin, por lo que deberán entregar las armas y trasladarse a sus lugares de origen.
El responsable de la política interna aseguró que se han atendido las demandas de seguridad de la población michoacana, por lo que advirtió que es tiempo de que esos colectivos cumplan con su palabra.
Según Osorio, ya el gobierno cumplió con la detención o abatimiento de los principales líderes del crimen organizado en el estado.
Recordó que en enero pasado, cuando comenzó la estrategia de combate a la delincuencia en la región, se pidió la confianza de los civiles que se habían organizado en grupos de autodefensa para dar un tiempo razonable a las fuerzas federales a fin de obtener resultados.
Para el titular, la fase de contención de la criminalidad está en otro punto, por lo que se debe hablar de atracción de inversiones y de desarrollo para la entidad.
En enero pasado el Gobierno mexicano se vio obligado a intervenir en Michoacán ante el creciente nivel de violencia registrado en los meses anteriores, debido a los secuestros, asesinatos, extorsiones y robos realizados por el cártel de Los Caballeros Templarios.
Las operaciones del crimen organizado habían llevado además a la aparición, desde febrero de 2013, de grupos de civiles armados con el propósito de asumir la protección de sus poblados, los cuales se fueron extendiendo por una veintena de municipios.
Después de la incursión de las fuerzas federales, el Ejecutivo dio la posibilidad a las autodefensas de que se incorporaran a la legalidad mediante el ingreso a los cuerpos de defensa rurales.