Senado pide a EE.UU. respetar fallo de corte internacional

SENADO DE LA REPÚBLICA

México, 8 abr (PL) El Senado exhortó hoy al Congreso estadounidense a que respete el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre 51 connacionales condenados a pena de muerte en territorio norteamericano.

A menos de 24 horas de que sea ejecutado en el estado de Texas el mexicano Ramiro Hernández, el pleno de la Cámara alta llamó a ese órgano a que emplee la figura del Congressional Executive Agreement para obligar a todos los territorios de la Unión a acatar los fallos de la CIJ.

Con esa petición buscan que no se aplique la pena capital prevista para mañana, con la cual serían cuatro los mexicanos ejecutados en la nación norteña, a pesar del conocido como fallo Avena.

El organismo judicial de la ONU resolvió en 2004 que Estados Unidos está obligado a revisar y reconsiderar las condenas de 51 nacidos en este país que fueron sentenciados a la pena de muerte.

Según la corte con sede en La Haya, Países Bajos, Washington violó el artículo 36 de la Convención de Viena al no respetar el derecho de los prisioneros a recibir asistencia y protección consular.

Los legisladores Jorge Luis Lavalle y Marcela Guerra señalaron que el constante desacato norteamericano ha provocado el fallecimiento de varios coterráneos a quienes no se les han respetado sus derechos consulares.

Ellos fueron José Ernesto Medellín, ejecutado en 2008; Humberto Leal, en 2011; y Édgar Tamayo, a quien se le aplicó la pena capital el 22 de enero pasado.

Al mismo tiempo, Lavalle presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que solicite a la ONU analizar el desacato de los Estados Unidos a la resolución de la CIJ.

Según el senador, México ha recurrido a organizaciones internacionales para que el Gobierno de la Casa Blanca respete los derechos humanos de sus connacionales.

Incluso, agregó, enviaron dos cartas tanto el gobernador de Texas, Rick Perry, como al propio Congreso, solicitando clemencia para Hernández, quien está acusado del asesinato de Glen Lich, un ranchero del condado de Kerr, en San Antonio, y de la violación de su esposa, el 15 de octubre de 1997.

Según la apelación más reciente de la defensa, el sentenciado tiene un coeficiente intelectual menor a 70 puntos, lo que lo hace inelegible para la pena de muerte.

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