El Senado aprobó en comisiones, en lo general, la reforma secundaria en materia de competencia económica.
Los legisladores federales decidieron llevar sus reservas al Pleno para la discusión en lo particular.
El PAN registró dos reservas, mientras que el PRD adelantó que propondrá modificaciones a cuatro artículos.
Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, informó que el dictamen modifica 11 artículos, con cambios en cinco temas: comparación de activos, autonomía de la autoridad investigadora y procedimiento de investigación, barreras a la competencia, transparencia, rendición de cuentas y en materia de insumos esenciales.
Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, informó que entre los cambios realizados a la minuta de la Cámara de Diputados está el otorgar a la Comisión Federal de Competencia Económica la facultad de resolver sobre solicitudes de opinión formal, que serán vinculantes, y también de consultas que emitan orientaciones; y que estas opiniones formales sean vinculantes.
«Es decir, que los entes obligados, los agentes regulados puedan consultar a la Comisión, si alguna práctica en particular real o futura que deseen realizar está dentro de los causes de la ley o no está dentro de los causes de la ley», dijo.
Detalló que otra modificación obliga a la Comisión a emitir lineamientos, guías, directrices y criterios técnicos para aplicar varias definiciones que quedarán abiertas en la legislación.
«Se le da toda la atribución reguladora a la Comisión para que establezca cómo entiende cada uno de los conceptos de la ley que están de manera amplia establecidos en la ley. Y, desde luego, esto establece que sería vinculante», señaló.
Según Larios, de aprobarse los cambios, la Comisión podrá solicitar estudios a entidades académicas para evaluar su propio desempeño. Además, dijo, se establece una separación entre las instancias y el Pleno como órgano jurisdiccional.
Por otro lado, en el caso de los comisionados, se establece un periodo de duración de cuatro años, que ya está en la Constitución con la posibilidad de una ratificación, pero podrán ser removidos cuando existan ciertos indicios de que está «capturado».
«¿Cuándo estaría capturado? Cuando no obedezca o desobedezca las resoluciones que tome el pleno de la Comisión; cuando entregue deliberadamente, o sea, de manera dolosa a la Comisión información tergiversada, falsa o incompleta, para orientar una mala decisión de la Comisión o cuando no concluya una investigación dentro de los plazos legales, sin causa justificada. Este es seguramente uno de los temas también de debate», agregó.
Otro cambio, detalló, es el que establece medidas de transparencia, ya que, salvaguardando la confidencialidad de las investigaciones y las reservas de datos personales, la Comisión tendrá obligación de publicar las versiones estenográficas de sus reuniones del Pleno.
Encinas recordó que, desde su discusión en la Cámara de Diputados, la propuesta del Ejecutivo tuvo por lo menos 60 modificaciones sustantivas y alrededor de 100 formales, de adecuación legislativa.