Bogotá, 23 abr (PL) El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, denunció la persistente violación de los derechos humanos en el puerto colombiano de Buenaventura, pese al incremento de la fuerza pública con 300 policías y 480 infantes de marina.
Como prueba citó las cinco muertes violentas registradas en Semana Santa y las 65 situaciones de riesgo para la integridad de líderes sociales, así como las presiones ejercidas sobre los padres con vistas al reclutamiento de sus hijos menores de edad por parte de las bandas delicuenciales.
En particular se refirió a las amenazas formuladas al parecer por Los Urabeños, el pasado domingo, contra de los líderes del Espacio Humanitario de Puente Nayero, en el barrio La Playita, y los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Otálora atribuyó estos hechos a la reestructuración de los bandas criminales Los Urabeños y La Empresa, en disputa por el control del narcotráfico, 151 de cuyos integrantes fueron capturados.
El funcionario insistió en la necesidad de que el gobierno atienda de manera integral y prioritaria la problemática de Buenaventura y materialice la inversión social prometida, cercana a los 200 mil millones de pesos (unos 10 millones 345 mil dólares).
También señaló la urgencia de garantizar una política pública sostenible, fortalecer el aparato judicial y mantener la presencia militar en ese municipio costero, con énfasis en lo preventivo, añadió.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, desde el 1 de enero hasta el 14 de abril de 2014 se reportaron 63 homicidios en Buenaventura, incluidos 10 casos de desmembramiento.
Las últimas muertes violentas tuvieron lugar en las comunas 11 y 12, en las cuales, al igual que en la 5, la 2 y la 7, persiste el riesgo de reclutamiento de menores por los grupos delicuenciales.
Otálora denunció, asimismo, las restricciones de movilidad de la ciudadanía, a raíz de las llamadas fronteras invisibles establecidas por las bandas en barrios como San José, Muro Yusti, Pueblo Nuevo y la Galería Central.
Frente a ese panorama, la Defensoría anunció que, en fecha próxima se instalará una Casa de Derechos para atender y acompañar a las comunidades en riesgo
De igual modo, en mayo convocará a una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, a fin de implementar un plan de acción para contrarrestar la creciente violencia contra las mujeres en el puerto bonaverense, donde el año pasado fueron asesinadas 13.
Denuncian persistente violación de derechos humanos en Colombia
