(ng) Por unanimidad y con el aval de la Defensa Nacional y la Marina, el pleno del Senado aprobó la limitación del fuero militar para que los civiles no estén sujetos a la justicia militar, ni siquiera en época de guerra, y los soldados y marinos sean juzgados por tribunales ordinarios por delitos del fuero ordinario y violaciones a derechos humanos de civiles.
De igual forma, fija un procedimiento especial para los menores de edad que se forman en las Fuerzas Armadas; en caso de que ellos cometan delitos del fuero común o federal, serán trasladados a centros especializados de atención a los menores infractores de carácter civil; si los educandos militares cometen delitos serán internados en centros especializados de tipo militar.
Con el voto unánime de 106 legisladores, el pleno del Senado también aprobó impedir que se repitan casos como los vividos por los generales Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia en 2012, cuando la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales, ordenó su detención, porque un testigo protegido los relacionó con el crimen organizado.
“Tratándose de informaciones anónimas sobre la posible comisión de un delito contra la disciplina militar, el Ministerio Público iniciará un acta circunstanciada en la que ordenará a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados; de confirmarse la información, iniciará la averiguación previa correspondiente”, precisa.
Después de casi cinco años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instruyera a México a modificar sus leyes para permitir que los juzgados ordinarios conozcan de los delitos cometidos por militares sobre civiles, en apego estricto al texto constitucional mexicano y luego de varios intentos ayer por fin el pleno del Senado logró los cambios al Código de Justicia Militar.
De igual forma, los senadores, con el apoyo de los especialistas de las Fuerzas Armadas y organizaciones de derechos humanos, llevó al terreno militar todas las garantías de debido proceso que impera en las leyes ordinarias del país para que los soldados y marinos tengan los mismos derechos de protección de la ley y se erradique cualquier práctica extralegal, incluso prohíbe la existencia de prisiones especiales.
Desde tribuna, Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia; Arely Gómez, secretaria de esa comisión, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quienes construyeron esta reforma, hablaron de la trascendencia histórica de esta decisión asumida por unanimidad, y que coloca a México en la innegable vanguardia del respeto a los derechos humanos de civiles y militares.
La reforma precisa que cuando un militar cometa delitos del orden común o federal sobre civiles no serán consideradas faltas a la disciplina militar, sino acciones meritorias de la justicia ordinaria.
Aclara además que “los delitos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en tiempo de guerra, territorio declarado en ley marcial, o cualquiera de los supuestos previstos en la Constitución, corresponderán a la jurisdicción militar siempre y cuando el sujeto pasivo no tenga la condición de civil. En todos los casos, cuando concurran militares y civiles como sujetos activos, sólo los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar”.
Entre los puntos que modernizan el sistema militar de justicia está la transformación de la Policía Militar en Policía Ministerial Militar y la creación del Juez de Ejecución de Sentencias, que tendrá, entre otras facultades, decidir la variación de penas, vigilará el debido proceso y hasta ordenará liberaciones, amén de que ordena que el Sistema Penitenciario Militar debe mantener en actividad a los presos para que no pierdan disciplina ni condición física cuando se reincorporen a la milicia activa.
El Senado envió esta reforma a la Cámara de Diputados.