Quito, 26 abr (PL) El presidente de Ecuador Rafael Correa calificó hoy de gravísima la decisión de una remota comunidad indígena amazónica de brindar protección a tres opositores al gobierno prófugos de la justicia.
Imagínense si se sienta ese precedente, que cualquier comunidad se considere con la autoridad para desobedecer una sentencia judicial y proteger fugitivo y proclamarlo de esa manera, advirtió el mandatario en su informe semanal de labores, emitido este sábado desde Génova, Italia, junto a miles de migrantes ecuatorianos.
Según advirtió Correa, la decisión de la comunidad Sarayacu de proteger al legislador opositor Clever Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y al médico Carlos Figueroa puede tener efectos negativos en Ecuador, pues se trata, dijo, de un desafío al Estado de Derecho.
Están provocando a las autoridades para ver si la policía organiza un operativo para capturarlos y hay muertos, una guerra civil, y se cae el gobierno, agregó el presidente ecuatoriano, quien señaló que esa comunidad ubicada en la provincia amazónica de Pastaza está muy politizada.
De acuerdo con un comunicado difundido este sábado por el líder sarayacu José Gualinga, la fuerza pública ecuatoriana está incursionando en ese territorio indígena en represalia por la decisión de la comunidad de darle protección a los fugitivos, aunque esa denuncia no ha sido confirmada por las autoridades.
Jiménez, Villavicencio y Figueroa fueron condenados a penas de cárcel por el delito de injurias calumniosas, luego de que a raíz de la intentona golpista del 30 de septiembre de 2010 acusaron penalmente a Correa de ser un criminal de lesa humanidad.
En la denuncia que fue desechada por la justicia ecuatoriana, los tres individuos aseguraban que el mandatario aprovechó la revuelta policial para planificar su propio secuestro y luego ordenar el rescate en medio de una balacera que causó una decena de muertos.
Correa, a su vez, los demandó por el delito de injurias calumniosas en su contra, y tras el juicio de rigor, Jiménez y Villavicencio fueron sentenciados a 18 meses de cárcel, y Figueroa a seis meses de prisión.
Los tres alegan, sin embargo, ser perseguidos políticos, y exigen que el gobierno acate una solicitud de medidas cautelares a su favor que presentó semanas atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que fue rechazada por el gobierno ecuatoriano por considerar que esa entidad con sede en Washington se extralimita en sus funciones.
Presidente Correa considera grave que indígenas protejan a prófugos
