La diputada Lorena Méndez Denis (Movimiento Ciudadano) impulsa iniciativa que propone obligar a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, y a las compañías privadas, a indemnizar a todas aquellas personas y comunidades afectadas por su mala operación en la industria petrolera.
La reforma, que modifica los artículos 7 Bis y 15 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, también plantea que los impactos negativos ambientales, sociales y económicos deben ser subsanados y remediados en un periodo no mayor a tres meses.
Además, fija un multa de un millón a un millón quinientas mil veces el importe del salario mínimo a quien incumpla con la indemnización.
La integrante de la Comisión de Protección Civil, explicó que con estos cambios legales se pretende que la paraestatal se haga responsable de los daños que ocasiona debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura y de los malos manejos por parte de servidores públicos en la contratación de empresas remediadoras, en caso de derrames de hidrocarburos, los cuales afectan las actividades económicas y a ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental.
Expuso que las actividades principales derivadas de la industria petrolera son la explotación, exploración, refinación, perforación, y transformación del petróleo; no obstante, dijo, la falta de control y un manejo inadecuado de los procesos, provoca serios problemas de contaminación terrestre y marina, los cuales tienen impactos severos en la economía y sociedad.
Sostuvo que sin el control adecuado de su actividad, esta industria produce importantes pérdidas en la diversidad biológica, la cual funciona como sostén del equilibrio ecológico, así como tala indiscriminada, alteración del estado físico y químico de los suelos, aire y degradación de la calidad del agua.
Manifestó que, según Pemex, en el 2012 se generaron 417 mil 904 toneladas de residuos (entre ellos, recortes de perforación, residuos sólidos industriales, aceites gastados, sedimentos de hidrocarburos, entre otros), 13 por ciento más que lo registrado en el año anterior.
En cuanto a los residuos peligrosos, es decir, lodos aceitosos sedimentarios y sólidos industriales, se produjeron 11 mil 196 toneladas en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Durante ese mismo año se afectaron 65.88 nuevas hectáreas, a causa de fugas y derrames que, sumadas a las 261.38 pendientes de restaurar, totalizaron 327.26 hectáreas contaminadas. Además, se acumuló un rezago de 88 presas pendientes de atender, correspondientes a la Región Norte y Sur del país.
A su vez, en la industria petroquímica el inventario de residuos peligrosos al mes de diciembre de 2012 fue de dos mil 351.3 toneladas, de los cuales el 70.25 por ciento corresponde al Complejo Petroquímico Pajaritos.
Mientras, el índice de emisiones a la atmósfera de Óxidos de Nitrógeno (Nox) y Bióxido de Azufre (SO2), fue de seis mil 591.82 toneladas y 44.09 toneladas, respectivamente, debido sobre todo a los sistemas de combustión; asimismo, se incrementó en un 30.72 por ciento el índice de carga contaminante en aguas residuales.
El reporte también establece que la tendencia de fugas y derrames en ductos de Petróleos Mexicanos durante 2012, presentó un incremento del 87 por ciento comparado con el 2011, donde las causas fueron la corrosión interior y exterior, así como la falla de materiales.
Puntualizó que, según datos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 25 mil Kilómetros de ductos están obsoletos por tener más de 30 años de operación y no recibir mantenimiento alguno.
Asimismo, existe población asentada en 16 mil Km de ductos, lo que significa un alto riesgo ambiental, social, de protección civil y seguridad nacional, advirtió la legisladora.
Refirió que estos organismos mencionaron que el impacto ambiental y social que la paraestatal ocasiona con sus derrames ha dañado los ecosistemas y la vida silvestre por metales pesados y emisiones atmosféricas, impactando negativamente a las comunidades aledañas.
Respecto al trato con dudosas compañías que maquillan y encubren los desastres, a través de licitaciones poco transparentes, pues no cumplen a cabalidad con los contratos, aseguró que sólo limpian superficialmente las huellas más notorias de los derrames, sin hacer una real restauración ambiental del daño causado, lo que perjudica económicamente a trabajadores del campo, ganaderos y pescadores.
Dijo que el IMP, Profepa y Semarnat mencionaron que los daños a la salud de las poblaciones afectadas y al medio ambiente, al control que ejerce sobre los afectados, se deben a la presencia de hidrocarburos, metales pesados y residuos peligrosos.
La diputada Méndez Denis afirmó que su propuesta contribuirá a que la paraestatal y organismos afiliados diseñen mecanismos que garanticen la disminución de desastres al equilibrio ambiental y, en caso de que llegará a ocurrir un fenómeno de esta naturaleza, sea subsanado.